La Fiscalía y los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura volvieron a cuestionar el arresto domiciliario del que gozan varios de los ex represores que están siendo juzgados.
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"Para nosotros, están acusados por los peores delitos cometidos en la Argentina y deben ser tratados teniendo en cuenta su peligrosidad, ya que se los está juzgando por crímenes de lesa humanidad", aseveró la abogada Myriam Bregman, patrocinante de Patricia Walsh, hija del escritor Rodolfo Walsh.
Por esa razón, la letrada pidió el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva en una cárcel "común" para los acusados por estos delitos.
A su vez, la ex diputada Walsh se mostró indignada por los beneficios que gozan los ex integrantes del grupo de tareas GT 3.3.2 que actuó en la ESMA y reclamó que el tribunal revierta esa medida.
"Rodolfo Walsh estaría indignado de que los represores estén en libertad", enfatizó durante un cuarto intermedio del juicio, que este jueves tuvo su primera audiencia en lo que va del año.
Los reclamos de la Fiscalía y la querella provocaron la rechifla por parte de algunos de los familiares y allegados de los acusados, pero el presidente del Tribunal, Daniel Obligado, le pidió a la Policía la identificación y eventualmente la detención de quienes habían efectuado ese acto.
En el banquillo de los acusados se encuentran el ex oficial de la Armada Alfredo Astiz; el ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge "Tigre" Acosta, Antonio Pernías y Ricardo Miguel Cavallo, entre otros.
Durante la primera audiencia del año y quinta del juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), el fiscal Pablo Ouviña adhirió al pedido que semanas atrás efectuó el abogado querellante Rodolfo Yanzón, en los casos puntuales de los acusados Julio Coronel y Manuel García Tallada.
Ambos ex militares se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria y son acompañados por sus familiares directos (su hijo y esposa respectivamente) a las audiencias del juicio.
En igual situación se encuentran Ernesto Weber, alias "Huevo", sindicado como torturador en la ESMA, y el ex vice almirante y ex canciller de la dictadura Oscar Montes.
Los 19 acusados están siendo juzgados por 184 hechos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, entre ellos la desaparición del autor de "Operación Masacre" y de las monjas Francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
En su planteo, el fiscal Ouviña cuestionó la custodia por parte de los familiares y advirtió que "nadie puede extenderle a ellos un poder que es del Estado", y éste es "garante" de que durante su arresto no intente la fuga así como también de su seguridad personal.
"Ningún juez puede ordenar no custodia a una persona que está o ha estado en prisión preventiva", aseveró, y reclamó que se arbitren "todos los medios para garantizar su custodia".
El abogado querellante por los familiares de las monjas francesas, Horacio Méndez Carreras, también adhirió a esta posición y pidió que el traslado de los ex represores esté a cargo del Servicio Penitenciario Federal o la Policía.
A su turno, los abogados de Weber, Montes y Coronel rechazaron los planteos y aseguraron que sus defendidos se presentaron a todas las audiencias y nunca intentaron obstaculizar la acción de la Justicia.
Luego de tomar conocimiento del reclamo, el Tribunal continuó con la lectura del auto de elevación a Juicio en cuanto a los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 1977 en la Iglesia de la Santa Cruz, en esta capital, donde familiares de víctimas de la represión fueron secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA.
Ese grupo había sido infiltrado por el ex capitán Alfredo Astiz, quien se había hecho pasar por hermano de un desaparecido.
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