Se terminó el verano para el Ejecutivo

Inquieta reglamentación de reforma financiera. Irán reabre Congreso. . Esperan por YPF final con bonistas.

El Gobierno, la realidad y los problemas volvieron de vacaciones. En materia política, el verano se terminó. Y no es porque en enero no hubo movimientos: paritarias, Ganancias, Irán, Moyano y las tarifas del transporte aportaron cimbronazos. Febrero produce, en especial este año, una acumulación más preocupante de temas por solucionar. Muchos de ellos están en el centro de los intereses del Gobierno en un año electoral en el que abundará el gasto y la caja seguirá floja. Nada mejor que evitar la mayor cantidad de problemas posibles, siempre que el Gobierno, claro, esté en condiciones de hacerlo.

Dentro de esa lista el FMI pasó ya a un segundo plano: tras la inédita moción de censura que le aplicó al país por no ofrecer índices estadísticos confiables, el kirchnerismo descansó anunciando una nueva medición, pero con tiempo de cocción hasta septiembre.

• La tranquilidad del mercado es hoy un punto clave para la estrategia oficial. La del dólar, el Gobierno cree que puede restablecerla con ventas en el mercado «blue», como las de las últimas 48 horas. Y mantener así la curiosa división entre un mercado legal al que casi nadie puede acceder y uno ilegal que provee un precio cierto. Cuánto tiempo soporta una arquitectura así es aún imposible de predecir.

Para el resto de los mercados, los operadores están esperando hoy tres señales básicas: el resultado de la audiencia en Nueva York por el juicio de los fondos buitre, la maraña final de resoluciones de la Comisión Nacional de Valores que ponga en marcha el «nuevo mercado de capitales» que el kirchnerismo diseñó con la ley que se votó en noviembre y diciembre pasados, y el futuro del conflicto con Repsol por la expropiación de YPF.

En estos puntos, ya hay tareas pendientes que vuelven con el final del verano. El Gobierno aún no terminó la reglamentación de la ley. Y aunque no existe histeria, operadores y sociedades de Bolsa esperan que ese reglamento se termine con un acuerdo general entre todos los actores, sin dejar heridos en el camino.

Confusiones ya existen. La nueva ley del mercado de capitales dispuso dos «dead line». Esa norma, la 26.831, fue promulgada el 27 de diciembre pasado, se publicó un día después en el Boletín Oficial y entró en vigencia luego de 30 días corridos.

Fija que a partir de esa vigencia quedan derogadas prácticamente todas las normas que regían el mercado de capitales, incluida la vieja 17.811 y da 180 días para que la CNV dicte la reglamentación.

Gap legal

Claramente, aparece un gap legal entre los dos momentos que puso nerviosos a algunos operadores: se derogó el sistema bursátil actual antes que la reglamentación nueva estuviera vigente. La CNV intentó corregirlo, en buen sentido, con la Resolución General 615/2013 del 21 de enero pasado, que dice simplemente que todo lo derogado sigue en vigencia hasta que se firme la reglamentación. Simple y efectivo para despejar fantasmas legales salvo por un punto: resulta difícil pensar que leyes y decretos derogados por el Congreso puedan ser traídos a la vida nuevamente por una simple resolución de un organismo administrativo. Otra aclaración: la nueva ley en ningún momento hace delegación de facultades en ese sentido.

YPF tiene una seducción especial (con intervalos largos y cortos, pero la tuvo desde que el menemismo la hizo una empresa cotizante) para los inversores locales. Siguen el papel, hacen proyecciones, sueñan con el rendimiento futuro de Vaca Muerta como la tabla de salvación del incontrolable déficit energético argentino. Y todo lo que eso puede suponer en el precio. Hoy la acción cotiza u$s 16,75 en el exterior. Reportó una suba del 15,12% en el año y se la usa como herramienta ideal para comprar aquí y liquidar afuera. Alianzas con otras petroleras no son imposibles y Miguel Galuccio aparece ante el mercado como un confiable gladiador que mezcla técnica con la decisión suficiente para frenar un desembarco mayor de la política en la empresa.

Además, está claro que, como todo el mercado accionario, el precio está por el piso y el recorrido que podría tener por delante es enorme: hasta u$s 45 dólares sólo en el mediano plazo, sueñan en el mercado.

Todo ideal, pero para «entrar» al papel se imponen dos condiciones: que el resultado de la audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York el próximo 27 de febrero no complique más al país (acumulándole, como reconoció el propio Gobierno un impagable pasivo extra de u$s 25.000 millones sólo en Wall Street, que se extiende a u$s 43.000 sumando los deudores en default de Japón y Europa). Un alivio en ese tema será definitorio, es obvio decirlo, para este inicio de año.

La segunda puede ser más difícil: que se arribe a una solución con Repsol por el pago de la expropiación. Para el Gobierno argentino, acostumbrado a dejar pendientes las liquidaciones de todo lo que expropia, éste parece ser un tema menor; para el mercado no lo es.

Y en el sector petrolero las expectativas de una solución, que aleje a Repsol de su demanda en el CIADI, no son mejores. Hay convencimiento de que el Gobierno no hará oferta alguna de compensación a los españoles por las acciones expropiadas ni ahora, ni en un futuro cercano.

• Hay otro asunto que animó el verano y ahora desembarcará con un ácido debate en el Congreso: la ratificación del acuerdo entre la Argentina e Irán para crear la Comisión de la Verdad (nombre muy mal elegido) sobre el atentado a la AMIA, acto imprescindible para que cualquier disposición de ese documento entre en vigencia.

Ese proyecto entrará por el Senado por lo que tiene un sesudo tratamiento garantizado en esa cámara menos plebeya donde gustan hasta el hartazgo las discusiones constitucionales.

No hay fecha aún, pero el compromiso es que el proyecto ingrese antes que termine el período de sesiones extraordinarias. Por lo pronto, ya se ganó una certeza: toda la oposición lo votará en contra y algunos kirchneristas piden explicaciones.

El apuro en tratarlo no lo fijó la vocación por apurar la investigación sino el propio Gobierno que, habiéndose enfrascado en esa discusión y pagado el costo político, ahora no puede dejar pasar mucho más tiempo para que el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman (si Irán le levanta el pedido de captura en su territorio) puedan viajar a ese país a tomarle declaración indagatoria a los iraníes imputados, entre ellos dos candidatos a presidente para las próximas elecciones.