Secretaría de DDHH expresó preocupación por desalojo forzoso en el Barrio 15 de CABA

DDHH-DESALOJO-CABA - Agencia TELAM

La Secretaría de Derechos Humanos expresó su “preocupación” por una decisión judicial que avaló la ejecución de un desalojo forzoso en el Barrio 15 de la Ciudad de Buenos Aires, al alertar que esa resolución “incumple una obligación internacional asumida por el Estado argentino”.

“La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictaminó el desalojo de 26 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, y desobedece así una medida provisional ordenada por Naciones Unidas, comprometiendo la responsabilidad del Estado argentino”, expresó la Secretaría a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

El organismo precisó que “al dictar esa resolución, la Cámara expresamente desobedeció una medida provisional que había ordenado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de la ONU”.

Al comentar el caso, la Secretaría recordó que “en mayo de 2020, un grupo de familias afectadas por una orden de desalojo dispuesta por una jueza civil —con el patrocinio legal del Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP)— habían realizado una presentación ante el Comité Desc de Naciones Unidas para denunciar al Estado argentino por la violación al derecho a la vivienda adecuada”.

En este contexto, explican que “en virtud de esta denuncia, con fecha 29 de mayo de 2020, el Comité dictó una medida provisional ordenando que el Estado argentino se abstenga de ejecutar el desalojo que había sido dispuesto por la justicia nacional”.

Tras relatar las distintas instancias en las que se abordó el caso, la Secretaría explica que se elaboró una propuesta para zanjar el conflicto planteado, pero “sin perjuicio de ello, la propuesta fue rechazada por el actor del desalojo, quien exigió el cumplimiento de la sentencia judicial, y el consecuente desalojo de las familias".

Por último, indican que “la Secretaría reafirma su compromiso de continuar trabajando para que todas las autoridades públicas del país —incluyendo al Poder Judicial en su conjunto— respeten las obligaciones internacionales y los postulados consagrados en los principales tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional”.