Según Béliz, el gobierno defenderá solo comisarías

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En una declaración demasiado extensa, el ministro eludió toda respuesta concreta, aunque de tantas palabras surgieron tres deducciones para quienes seguían el programa: el gobierno no sabe en absoluto qué hacer tras haber perdido el control de la calle frente a los grupos piqueteros.

Segundo, si hay que hacer algo no será bajo su responsabilidad para no afrontar cualquier imprevista consecuencia. En este sentido, Béliz confirmó que en la toma de la Comisaría 24ª en el barrio de La Boca, el sábado 26 de junio, «durante horas no pudimos encontrar un juez o un fiscal que dispusiera retomar la comisaría hasta que finalmente logramos un juez federal (se refería a Norberto Oyarbide) que nos dio dos órdenes precisas: detengan primero al asesino de Martín Cisneros y luego retomen la comisaría sin violencia». Dos órdenes bastante obvias de un juez para un crimen con un criminal y su ayudante menor de edad conocidos en el lugar del hecho y de los vecinos. Hablar de «retomar la comisaría», sin decir cómo y qué hacer si hubiera resistencia de los ocupantes violentos -no la hubo, pero tras retener 9 horas el edificio-, también es de enorme fragilidad jurídica e institucional.

Además el juez no tomó en cuenta la necesidad de destinar otra comisaría a la jurisdicción de la 24ª porque los habitantes de ese sector de la Ciudad quedaron expuestos durante esas casi 9 horas a cualquier acto delictivo o de violencia al no haber cuerpo policial actuante. Oyarbide, no obstante,

se redimió porque al menos dio la cara y, sin corresponderle, al traspasar el caso no dudó en señalar que el caudillo piquetero Luis D'Elía debe ser indagado por 11 delitos prima facie cometidos en ese ataque y toma de la comisaría. Sin embargo, se cree que todo quedará impune dado que el gobierno, que oficializó días antes a D'Elía enviándole a dos ministros y al secretario general de la Presidencia a un acto público, decidió defenderlo porque «evitó males mayores», cuando se sabe y hasta quedó registrado por los medios que dijo «de aquí no nos saca nadie» (ya dentro de la comisaría) y amenazó de muerte a los policías que ocupaban la dependencia hasta su toma por unas 30 personas.

Hoy hay impunidad para los dominadores de las calles. Nunca apareció -pese a haber sido filmado desde todos los ángulos-el que golpeó con un caño a un taxista en la 9 de Julio. Ni los que atacaron, también en la calle, a Roberto Alemann.

La tercera deducción de la gente, escuchando al ministro Béliz, es que de ahora en más no se permitirá «por convicción» la toma de otras comisarías. Esto significaría que los grupos violentos de la calle podrán seguir ocupando, porque no hay convicción en el gobierno, locales de empresas privadas, saquear sus oficinas, tomar ministerios o dependencias estatales, entrar por la fuerza en hoteles, penetrar en edificios de las Fuerzas Armadas como se hizo en el del Comando en Jefe del Ejército, donde esta institución sufrió la nueva humillación de tener que ver impasible cómo vándalos politizados del grupo marxista Quebracho quemaban, en el propio patio de armas de la institución, tras haber asaltado las rejas del contorno, la bandera de un país extranjero (la de Estados Unidos) y otra de una organización mundial como la ONU.

El resto de las palabras del ministro fueron un redondeo de conceptos obvios, agitación de indefinidos fantasmas como «los violentos que quieren la represión con sangre por un lado y la violencia de los grupos del reclamo por el otro», más la creación de falsos silogismos: yo quiero que el Estado, como corresponde, resguarde la vida y los bienes de los ciudadanos y el derecho a circular por calles.

Resguardar tales derechos puede llevar a que haya víctimas. Por tanto, en el razonamiento expuesto por Béliz, yo y el que pida por esos derechos estamos pidiendo que haya víctimas, que se derrame sangre. Un absurdo, como si no hubiera caminos intermedios.

Claro, si el gobierno cree que ejercer el Poder Ejecutivo es sólo organizar giras y viajes de los altos funcionarios, gozar de loas en actos de visita al comenzar alguna obra pública, reivindicar pasados haciendo monumentos a la memoria de caídos de un solo lado...

Crece el temor de la gente al ver milicias piqueteras pagas cada vez más violentas y más organizadas, con cuarteles barriales como son algunos « comedores comunitarios», donde se planean actos y se organizan desplazamientos con micros y copamientos.

Además, tras este incidente entre el jefe piquetero Martín Cisneros y su enconado enemigo y posterior asesino Juan Carlos Duarte, la hermana de este último, Isabel Duarte, denunció que allí se logran fondos para tales acciones al vender buena parte de los alimentos que aporta el gobierno.

Si la Policía del Estado no defiende ni cuando los piqueteros avanzan sobre una comisaría o el edificio mayor del Ejército, ¿qué pueden esperar las empresas privadas, los civiles en general, los habitantes de un country por caso si los actuales «dueños de la calle» deciden atropellarlos? Hay planes en las empresas sobre qué hacer si son invadidas porque se sabe que la Policía no defenderá la actividad privada.

Es creciente el desprestigio general del gobierno y comienza a extenderse más en todo tipo de gente la sensación de que la gestión de Néstor Kirchner podría ir decayendo y llegar a compararse con los últimos gobiernos que lo precedieron, aunque nunca se llegó a estos extremos en inseguridad por pasividad policial.