El juez Lijo ordenó verificar las billeteras de Manuel Adorni y reconstruir su patrimonio desde su mayoría de edad

El magistrado hizo lugar a las medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita para reconstruir la situación económica del exjefe de Gabinete y su esposa desde que alcanzaron la mayoría de edad. También ordenó verificar las ocho direcciones de bitcoin vinculadas al exfuncionario.

El juez federal Ariel Lijo ordenó avanzar con nuevas medidas en la investigación sobre las operaciones con bitcoin de Manuel Adorni.

El juez federal Ariel Lijo ordenó las medidas que pidió el fiscal Gerardo Pollicita para reconstruir el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni desde 1998 y la verificación de las ocho direcciones de bitcoins informadas por el exfuncionario.

Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado ordenó las nuevas medidas requeridas por Pollicita para determinar si la explicación brindada por Adorni sobre el origen de parte de su patrimonio puede ser corroborada.

El juez ordenó reconstruir la situación económica del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que alcanzaron la mayoría de edad.

En ese sentido, Lijo amplió el período del levantamiento del secreto fiscal y ordenó la verificación técnica de las ocho direcciones de bitcoin que Adorni habría utilizado antes de ingresar a la función pública.

Pollicita pidió hoy al juez que cite al abogado de Adorni, Matías Ledesma, para que concurra a la Fiscalía acompañado por el perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de las ocho direcciones de bitcoin mediante las cuales Adorni habría operado antes de ser funcionario.

El objetivo de la investigación es contrastar la explicación presentada por la defensa, según la cual el capital utilizado a partir de 2014 provenía de un ahorro familiar generado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos integrantes del matrimonio.

Pollicita consideró necesario retroceder en el tiempo y reconstruir la evolución patrimonial de ambos desde el inicio de su vida económica activa, es decir desde que alcanzaron la mayoría de edad.

En concreto, pidió investigar a Adorni desde el 28 de febrero de 1998 y a su esposa Betina Angeletti desde el 10 de octubre de 2000, hasta el 31 de diciembre de 2011, período que se sumará a las medidas que ya habían sido ordenadas desde 2012.

El levantamiento del secreto fiscal

Una de las medidas ordenadas es el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti durante esos períodos. Pollicita pidió acceder a la información que posee ARCA sobre sus declaraciones juradas, bienes, ingresos y situación tributaria.

En particular, busca obtener las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y otros impuestos, sus anexos y rectificativas; los regímenes en los que estuvieron inscriptos; actividades declaradas; información aportada por terceros; eventuales blanqueos, moratorias o exteriorizaciones de bienes y “todo otro dato patrimonial, tributario o de ingresos” que figure en las bases del organismo.

Además, solicitó reconstruir las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, incluyendo fecha, monto, entidad interviniente, destino declarado —ahorro, tenencia, turismo u otro— y el resultado de la validación efectuada por el organismo.

También investigarán propiedades, autos y sociedades

El juez Lijo pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires que informen todos los inmuebles que hayan estado a nombre de Adorni y Angeletti durante el período investigado.

La información deberá incluir fechas de adquisición y transferencia, porcentaje de titularidad, gravámenes y datos de las escrituras, para eventualmente obtener copias de esos instrumentos.

También se requirió a la DNRPA información sobre todos los automotores y motovehículos que hayan registrado, con datos sobre dominio, marca, modelo, año, fechas de alta y baja y prendas.

A su vez, la IGJ y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas deberán informar si alguno de los dos integró sociedades, asociaciones o fundaciones, ya sea como socio, accionista, integrante de órganos de administración o fiscalización o apoderado.

La Fiscalía también pidió a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires que informen si Adorni y Angeletti estuvieron matriculados, sus títulos, números y fechas de matriculación y eventuales suspensiones o bajas.

La lupa sobre los u$s591.544 en bitcoin

Según explicó la defensa, Adorni habría operado con ocho direcciones de bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018. De acuerdo con esa explicación, la liquidación de esas tenencias le habría permitido obtener u$s591.544,61.

Esas operaciones serían, según la defensa, el origen de los u$s565.000 en efectivo en el país que fueron declarados en la Declaración Jurada Inicial 2023 -Rectificativa 1- bajo el rubro “venta de activos”.

La defensa presentó un informe técnico de análisis forense on-chain y documentación notarial destinada a acreditar que esas ocho direcciones pertenecían a Adorni. Pero ahora la Fiscalía quiere comprobarlo directamente.

Las claves privadas de las ocho direcciones

El juez Lijo accedió a la medida pedida por Pollicita, quien pidió que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, concurra a la Fiscalía acompañado por el perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de las ocho direcciones.

La idea es que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas mediante una billetera de administración, como Sparrow o Electrum, y utilice la función de firma o verificación de mensajes.

Según el escrito, deberá consignar en cada una de las ocho direcciones un mensaje que será entregado por la Fiscalía en ese momento.

Luego intervendrá personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina, que realizará una “verificación criptográfica” para comprobar si las firmas obtenidas corresponden efectivamente a las direcciones de bitcoin investigadas.

El procedimiento será registrado y, según estableció Pollicita, deberán preservarse las claves privadas, a las que solamente tendrá acceso la defensa técnica.

El fiscal pidió expresamente autorización judicial para realizar esta diligencia, debido a la naturaleza de la prueba y “en miras de evitar eventuales planteos”. El juez Lijo autorizó la medida.