La justicia volvió a trabar hoy la intervención de la obra social de los municipales (OBSBA) dispuesta por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, pese a que la Legislatura había avalado esa medida la semana pasada, en tanto que el macrismo anunció que mañana apelará la medida.
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En medio de una compulsa que parece no tener fin entre el gremio estatal Sutecba y el Ejecutivo porteño, la jueza en lo contencioso administrativo Elena de Liberatori volvió a dictar una medida cautelar y dejó sin validez la intervención plena de ObSBA asumida hoy por el macrista Jorge Rey.
Ante un nuevo planteo presentado esta mañana por el abogado de la obra social Andrés Gil Domínguez, Liberatori sostuvo que debe seguir vigente el actual directorio de la obra social y que la figura del interventor sólo está legitimada para lo que se refiera a la tarea de desregulación de ObSBA.
Liberatori, según explicó el abogado Gil Domínguez, sostuvo en su decisión que debe suspenderse la aplicación del decreto 20/2008 de intervención de la obra social.
Para la jueza, el directorio actual tendrá que seguir en funciones en lo que implique el gobierno de la obra social, ya que la ley 26037 aprobada en la Legislatura porteña sólo facultó a Macri a iniciar el proceso de desregulación.
Por su parte, el procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, anunció que mañana apelarán la nueva resolución de la jueza mediante la cual la magistrada rechazó la intervención a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA), dispuesta por Macri por decreto y luego ratificada por la Legislatura porteña.
"Vamos a hacer dos apelaciones, una por cada fallo de la jueza", indicó Tonelli a Télam, y dijo que las disposiciones de la magistrada le parecen "un grave desacierto jurídico". "Asumió en un clima de calma y normalidad", había asegurado esta mañana el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la llegada de Rey a la obra social, y había reafirmado que el objetivo central de la intervención apunta a "dar un buen servicio a los 120 mil empleados de la ciudad, a sus familias y a los jubilados".
En tanto, el secretario de Prensa de Sutecba, Enrique Pistoletti, insistió hoy con que el gremio continuará "en el fuero judicial" la discusión de la intervención, pero aclaró que no se obstaculizará la tarea de Rey en la ObSBA.
"Hay que reconocerlo y dejarlo pasar porque hay un decreto del gobierno porteño que sucedió a una ley...
Pero la intervención la vamos a discutir en sede judicial. No vamos a hacer como en el `far west`", señaló el sindicalista.
En este marco, el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) presentó el viernes último una intimación ante la Procuración, en la que pidió que "se deje sin efecto" la intervención.
En el escrito, consideró que "no hay motivos suficientes para la intervención" y planteó la "inconstitucionalidad del artículo 37 de la ley 472".
La ley 472, de creación de la OBSBA, dispone que su directorio debía encarar el proceso de adhesión al sistema nacional de obras sociales, que liberaba a los afiliados, antes del 1 de enero de 2003, algo que finalmente no concretó.
Sin embargo, Sutecba recordó que existe una "medida cautelar firme y consentida por el gobierno de la Ciudad, dictada por el juzgado federal de seguridad social 7, que suspende los efectos del artículo 37 de la ley 472".
"Es una presentación sin ningún tipo de consistencia jurídica; una opinión particular de Sutecba respecto de la situación", opinó hoy Tonelli.
Apelación de gobierno porteña
El procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, anunció que mañana apelarán la nueva resolución de la jueza Elena Aramburu de Liberatori mediante la cual la magistrada rechazó la intervención a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA), dispuesta por Macri por decreto y luego ratificada por la Legislatura porteña.
"Vamos a hacer dos apelaciones, una por cada fallo de la jueza", indicó Tonelli a Télam, y dijo que las disposiciones de la magistrada le parecen "un grave desacierto jurídico". "La jueza, en definitiva, no objeta la intervención ni la designación del interventor, sino el cese del directorio de la obra social, suponiendo que ambos pueden convivir", agregó el funcionario.
Tonelli manifestó a esta agencia que "en la apelación vamos a señalar que para nosotros la intervención implica naturalmente el desplazamiento del directorio" de OBSBA. La apelación será concretada ante el juzgado de la jueza Aramburu de Liberatori, quien deberá elevar las actuaciones a la Cámara para que resuelva.
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