El Servicio Cívico Voluntario en Valores funciona en pruebe piloto en el Comando “Campo de Mayo”; en un Instituto de Capacitación de Mercedes; en la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Remberto Cuello” de Jesús María, en Córdoba; en la Agrupación XVII de Santiago del Estero; en el Escuadrón N° 34 de San Carlos de Bariloche, y la Casa de Retiro Cura Brochero, de González Catán.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó los polémicos protocolos establecido por Patricia Bullrich para el uso de armas de fuego, el uso de pistolas de descarga eléctrica, la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores en el ámbito de la Gendarmería y el “Programa Ofensores en Trenes”, que exigía documentos a posibles sospechosos de delitos sin justificación.
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Según la extensa Resolución 1231/2019, el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad” dictado por Bullrich “excedía los criterios impuestos” por la normativa y se “alejaba del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad”.
Para Frederic, en el reglamento de la ex ministra y hoy mandamás del PRO “subyace una inadmisible desconsideración del estándar de la legítima defensa, vulnerando sus exigencias y alcances al amparo de una justificación que pretende fundarse en el deber policial de hacer cumplir la ley”.
La norma recordó un recomendación de la ONU de un Congreso realizado en 1900 en La Habana, donde se estableció que los funcionarios policiales y de seguridad deben “utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de armamento letal, autorizando su uso sólo cuando otros medios resulten ineficaces” y que deben “hacer cumplir la ley deben en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana”.
Pero además, la Resolución 1231/2019 resaltó que “sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
El texto de aclaró que el uso “irracional” incrementa la violencia en los hechos delictivos, pudiendo afectar de manera directa en la subjetividad de las personas que cometan un delito, toda vez que la ausencia de criterios de proporcionalidad y racionalidad en el uso de armas por parte de los funcionarios policiales, convierte en extremo cualquier enfrentamiento y estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir.
Asimismo, remarcó que “este aumento de la violencia genera una situación de mayor peligro para el personal policial, para quienes delincan y para terceras personas que se encuentren en las inmediaciones en las que suceda el hecho”.
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