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Esos fondos, en teoría, deben ser remitidos al PAMI para planes asistenciales a discapacitados. Sin embargo, despierta suspicacias que se lo apruebe tras una seguidilla de iniciativas cuestionables, incluida la ley de responsabilidad de las casas matrices en la devolución de fondos del «corralito» (ley Alfonsín) o la más que escandalosa propuesta que armó una «caja sindical» de $ 350 millones para el bancario Juan José Zanola y que derivó en una denuncia del «Financial Times» por supuesto pedido de coimas a banqueros (ley Barrionuevo).
Lo grave es que esta comisión puede requerir a la Justicia que impida la salida del país a personas involucradas en las pesquisas, citar por la fuerza pública a prestar declaración testimonial en la bicameral y hasta secuestrar documentación.
El proyecto sancionada anoche es de autoría de la radical chubutense Marta Raso, pero tuvo un determinante espaldarazo de su comprovinciano Carlos Maestro, titular de la bancada UCR. Además, logró una colección heterogénea de firmas, entre ellas las de sus correligionarios Miriam Curletti, Carlos Prades, Raúl Baglini y el disidente Juan Carlos Passo. Por el lado del PJ, apoyaron Carlos Verna, Marcelo Guinle, Marita Perceval, Jorge Yoma, José Luis Gioja, Guillermo Jenefes, Marcelo López Arias, Roxana Latorre, María Castro y Elva Azucena Paz. No se sumaron los provinciales del Interbloque Federal. Por si fuera poco, la bicameral -que estará integrada por 4 senadores y otros tantos diputados- tendrá vigencia durante 180 días, prorrogables por idéntico plazo.
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