El Senado retomará esta tarde las sesiones presenciales para aprobar, con acuerdo del oficialismo y la oposición, una declaración que “rechaza la pretensión del gobierno de la República de Chile” de extender los límites de su plataforma continental por sobre territorio de la Argentina.
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La Cámara alta volverá a la presencialidad pura tras duros reclamos de la oposición ante un decreto de Cristina de Kirchner que extendía la virtualidad por 60 días. Ante la negativa del macrismo de participar incluso de las comisiones, y el llamado a Diputados para volver al recinto, la titular del Senado tuvo que dar marcha atrás sobre sus propios pasos.
Otro de los asuntos a discutir será el dictamen en el estudio de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2016 del gobierno de Mauricio Macri, que el actual oficialismo ya anunció que rechazará.
El resto de las iniciativas a debatir por los legisladores abarcan cuestiones en las que no existen conflictos políticos entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, como un proyecto para que en todos los establecimientos educativos del país se realice una jornada de sensibilización sobre igualdad y no discriminación en la vejez.
También figura en el temario un expediente para modificar la Ley de Educación Nacional respecto a “espacios de enseñanza y aprendizaje que contemplen la alfabetización financiera”.
La última vez que sesionó la Cámara alta fue el 19 de agosto pasado, cuando se aprobaron dos proyectos de Oscar Parrilli para limitar la tasa de interés por mora en servicios públicos y privados, que involucran al transporte, agua, internet, gas, cable, electricidad, tarjetas de crédito, medicina prepaga, educación privada en todos sus niveles y empresas de seguros, entre otras. Ese día, oficialismo y oposición también discutieron por las fotos del “Olivos-Gate” y las deudas que dejó Cambiemos.
Desde la oposición esperan, de cara a las próximas semanas, ver los movimientos en Diputados con respecto al Presupuesto 2022 y la posibilidad de discutir, antes de fin de año, el pliego de quien el Gobierno envíe como candidata a la Corte Suprema de Justicia, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. También sigue en pie el pliego que propone al juez federal Daniel Rafecas como procurador general, es decir, jefe de fiscales. Dicha iniciativa está frenada por la Casa Rosada.
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