El Gobierno retomó la iniciativa en la sesión de este jueves, en donde se sancionó el régimen de Inocencia Fiscal II y sumó tres nuevos nombramientos de jueces, el pasaje de responsabilidades penales a la Justicia porteña y la aprobación de pliegos diplomáticos. La mirada de los aliados provinciales quedó puesta en el último proyecto del temario: la reforma de la ley 27.640 de biocombustibles, que amplía los cortes de bioetanol y biodiésel.
Bajo la vista de azucareras y cerealeras, el Senado debate la ley de biocombustibles
El proyecto aumenta el corte de bioetanol y biodiésel, sector cuya tensión interna trabó la aprobación durante meses. En la sesión, ya convirtió en ley el régimen de Inocencia Fiscal II.
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Habría tensión por el inicio del tratamiento del proyecto, que fue abonada por la fallida sesión de la semana pasada y la postergación del tema en la jornada, que quedó al final del temario. Incluso el gobernador salteño Gustavo Sáenz estuvo este jueves en el Palacio Legislativo después de declarar que “la paciencia se va acabando" con el oficialismo. Una de sus representantes en el Senado, Flavia Royón, es una de las principales impulsoras de la propuesta en la Cámara alta. La redacción, que ya contenía aportes de bloques aliados provincialistas, sufrió cambios hasta el miércoles por la noche hasta su versión final.
Las provincias norteñas presionaron por la aprobación de la iniciativa por la influencia que tiene la industria del bioetanol en la región. La principal traba, que fue irreconciliable incluso en sesión, fue la interna entre los sectores productores de biodiésel, dada la afección que provocará en las pymes industriales la llegada de grandes productoras de granos que cuentan con la posibilidad de administrar todo el circuito de elaboración y comercialización del biocombustible.
Los representantes de los distritos en donde hay mayor presencia de pymes industriales de biodiésel, como La Pampa, San Luis y Buenos Aires, fueron los principales detractores de la ley. Este medio conoció también un contacto de la Secretaría de Energía al bloque libertario con la meta de que dilaten el tratamiento, dado que tanto consultoras privadas como cuadros técnicos de YPF aseguran que provocará un aumento del precio del combustible hasta un 3% el próximo año.
Aún así, La Libertad Avanza -bloque autor del proyecto- mostró flexibilidad para incorporar cambios para este sector, lo que incluyó un esquema escalonado de reducción del cupo reservado para empresas no integradas, que va del 7,5% al 4% hasta el 1° de enero 2036. Además, en la última redacción se conceptualizaron concretamente a las compañías integradas y no integradas, estableciendo restricciones a todas las firmas que forman parte de un grupo económico, que pasarían a competir dentro del segmento abierto.
Debate por biocombustibles en el Senado
En el inicio del debate, Flavia Royón remarcó que la ley apunta a "potenciar cadenas de valor de nuestros granos, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo en el interior" y consideró que el sector "hoy necesita reglas nuevas para que le permitan crecer, incorporar tecnología y alcanzar una nueva escala. Este dictamen, además, es resultado de un proceso largo de construcción legislativa, largo y amplio”. "Buscamos compatibilizar y dar previsibilidad a las cadenas existentes, pero con competencia dentro de cada cupo entre empresas", agregó.
El peronismo apoyó con condiciones al proyecto y el chaqueño Jorge Capitanich fue un ejemplo de esta postura. Después de considerar que la legislación es ambigua para el ingreso de importaciones, opinó que "organiza con fecha de vencimiento el desmantelamiento progresivo de empresas no integradas que no puedan sobrevivir con esta regulación. Nos parece bien mejorar, pero no nos parece bien dejar de defender a las empresas con lo que hay defender: cupo, corte, plazo y regulación adecuada, para que los grandes no se terminen fagocitando a los más pequeños". El entrerriano Adán Bahl criticó que se cambió una ley que tiene cinco años, generando falta de previsibilidad con los que ingresaron al negocio de biocombustibles en el 2021.
A su turno, la tucumana Beatriz Ávila advirtió que "hicimos una férrea defensa porque hubo un fuerte lobby para que la ley cayera" y remarcó que la propuesta permite "ir a un paradigma energético con un ambiente más limpio y sano".
Qué dice la reforma de la ley de biocombustibles
El proyecto que busca reformar la ley N° 27.640 de biocombustibles alcanzó dictamen en el Senado de la Nación. La iniciativa responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras y le permitirá avanzar al oficialismo con un proyecto que lleva su firma, luego del sorpresivo freno que recibió la aprobación del Súper RIGI.
La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.
La discusión del biodiésel fue la más difícil de destrabar y se estableció una ampliación del 5% al 10% (luego de un plazo de 12 meses en 7,5%) en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta 2036 un cupo del 4% de las no integradas.
Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias a poder ampliar los cortes.
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