El Comando Conjunto de Ciberdefensa pidió incorporar Starlink como respaldo de sus actividades cibernéticas. La decisión busca evitar que un corte de los enlaces físicos prive el acceso al ciberespacio, pero abre un interrogante sobre la dependencia de una infraestructura comercial extranjera que, además, opera en las Islas Malvinas y cuyo tráfico en el archipiélago utiliza infraestructura terrestre localizada en Chile.
El Comando Conjunto de Ciberdefensa solicitó incorporar Starlink como redundancia para garantizar el acceso a las comunicaciones ante eventuales cortes de las conexiones físicas.
El titular del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD), general de brigada Luis Guimpel, solicitó el servicio de Starlink -que ya está activo en el Ejército- con el objetivo de “contar con la necesaria redundancia para asegurar el acceso al dominio del ciberespacio de manera independiente de las conexiones físicas y su exposición a eventuales cortes, que resultarían en una debilidad en los sistemas propios”.
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El pedido del CCCD parte de una premisa correcta: una red militar que depende exclusivamente de conexiones físicas puede quedar expuesta si esos enlaces son cortados o degradados.
En la redacción del memo no queda claro si la opción contempla capacidades específicamente militares o si se trata simplemente de disponer de un servicio de conectividad comercial estándar.
El Comando Conjunto de Ciberdefensa tiene precisamente como misión proteger las redes informáticas de la Defensa y las infraestructuras críticas asignadas y garantizar de manera permanente las operaciones militares. Bajo la óptica de la ciberdefensa y la soberanía tecnológica, la solicitud es, por lo menos, alarmante.
Una cosa es utilizar Starlink para comunicaciones administrativas, conectividad en lugares remotos, emergencias ante desastres naturales o para facilitar el despliegue de unidades en zonas donde no existe infraestructura convencional.
Otra, muy diferente, es incorporar la red comercial extranjera como redundancia de acceso al dominio del ciberespacio. La acción implica una serie de actividades estratégicas, operacionales y técnicas, garantizar soberanía, la resiliencia nacional y la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en el entorno digital.
La capacidad de Starlink para establecer con rapidez conexiones de alta velocidad en lugares aislados es conocida. En enero de 2025, a 6.960 metros de altura desde el Cerro Aconcagua, miembros del Ejército Argentino comunicaron por videoconferencia en tiempo real la culminación de la escalada al Estado Mayor General del Ejército, en su sede del edificio "Libertador".
Un hito de expertise en alta montaña de los miembros del Ejército que además validó (¿promocionó?) la funcionalidad del ingenio Starlink usado en la trasmisión satelital en ambientes extremos.
El 19 de agosto pasado el director general de Comunicaciones, Informática y Ciberdefensa del Ejército, general de brigada Pablo Gallo adjudicó a la empresa Elipgo Technology - revendedor comercial autorizado (reseller) de Starlink- el contrato de provisión de “Servicio administrado de conectividad satelital para la Red Satelital de la Defensa” por la suma de $467.687.200.
Bajo este arreglo se encuadraría el pedido de Guimpel por plataformas satelitales de la empresa estadounidense destinadas al CCCD.
La Especificación Técnica de aquel contrato dio la clave que aumenta la alarma sobre la petición de Guimpel. La contratación que ganó Elipgo Technology es para proveer “un servicio de conectividad satelital mediante tecnología de orbita baja (LEO), destinado a proporcionar enlaces de datos que permitan asegurar la continuidad de las comunicaciones en los distintos entornos operativos del Ejército Argentino”.
“El servicio deberá permitir el despliegue de capacidades de comunicación en forma flexible y oportuna, particularmente en escenarios donde la infraestructura terrestre resulte inexistente, limitada o insuficiente”, indica el texto.
No quedan dudas de que se trata de enlace satelital redundante para comunicaciones operacionales militares y no meramente administrativas.
La experiencia del Ejército abrió la puerta a un interrogante que ya es debatido en organizaciones militares del mundo, ¿puede considerarse independiente una comunicación satelital militar cuya infraestructura esencial no controla el Estado que la utiliza?
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a la que el país aspira integrarse como socio global debatió el asunto.
En julio de 2026, durante el Foro de Industria de Defensa de la OTAN celebrado en Ankara, ocho países aliados lanzaron el proyecto HALO —Hybrid Alliance Layered Operations in Space— para explorar una mega constelación que integre satélites militares soberanos y bajo control nacional.
El objetivo es mejorar las comunicaciones de alta velocidad, la inteligencia y el seguimiento de misiles, pero también aumentar la resiliencia evitando las limitaciones de depender de una única flota satelital, según se lee en el comunicado oficial de la OTAN.
La conclusión que asoma con nitidez sería disponer de constelaciones comerciales e integrarlas dentro de una arquitectura más amplia, con múltiples proveedores y capacidades soberanas (constelaciones satelitales propias)
En ese rumbo, aunque muy incipiente se ubica el reciente lanzamiento del primer nanosatélite experimental desarrollado con participación del Ejército y capacidades científicas y tecnológicas nacionales de CITEDEF.
El evaluador tecnológico NanoSat fue lanzado a principios de octubre mediante un cohete Falcon 9 de SpaceX, empresa de Musk. pero en este caso la Argentina conserva el control sobre el activo espacial y sobre el desarrollo tecnológico que busca validar.
El objetivo: satisfacer necesidades de la Defensa, especialmente en el ámbito de las comunicaciones, el procesamiento de información y los servicios satelitales
Las Fuerzas Armadas que utilizan el servicio Starlink pueden controlar sus propios equipos, sus redes internas y las capas de cifrado que decidan implementar, pero no controlan la constelación de satélites, el software propietario, los gateways (puerta de enlace) ni la arquitectura global de la red.
La información propia puede estar protegida mediante cifrado, VPN, segmentación de redes, autenticación fuerte y otras capas de seguridad. Esas medidas no eliminan todos los riesgos.
Toda información que utilice ese enlace atraviesa una infraestructura perteneciente a un operador privado.
Incluso para una comunicación aparentemente inocua, como un correo administrativo, existen metadatos capaces de revelar patrones: cuándo se conecta una terminal, desde dónde, durante cuánto tiempo y qué volumen de información transmite.
En un escenario militar, esos patrones tienen valor y son objetivos de ciberinteligencia y de Osint (Open Source Intelligence o Inteligencia de Fuentes Abiertas).
La incorporación de Starlink como respaldo en el CCCD debería contemplar una separación estricta que impida que el enlace comercial se convierta en una puerta de entrada a las redes críticas de Defensa.
La utilización del proveedor Starlink en internet de las Malvinas enciende otra luz de alarma.
El servicio de Starlink comenzó a operar en el archipiélago en noviembre de 2025, luego de que el gobierno británico isleño otorgara la licencia a la empresa estadounidense para dar conectividad satelital a empresas y residentes.
El tráfico generado por las terminales Starlink instaladas en las Malvinas es encaminado hacia infraestructura localizada en Chile, con una estación terrestre en Punta Arenas como punto de recepción del tráfico y posterior interconexión con el punto de presencia de Starlink en Santiago (“Cirion Santiago de Chile - SAN1).
La Defensa argentina incorpora a Starlink para resolver necesidades de conectividad operacional en su territorio, el mismo sistema desarrolla actividades comerciales en las islas cuya soberanía Buenos Aires disputa con Londres y, a su vez, enruta tráfico por Chile, un intríngulis que cambia la escala de preocupación hasta de un lego en comunicaciones militares.