La Cancillería de Jorge Taiana responsabilizó a la Justicia española por las demoras en llegar a la Audiencia de Madrid el expediente de extradición del ex marino Ricardo Cavallo. Ese atraso motivó que el lunes este argentino acusado de delitos aberrantes en la ESMA fuera puesto en libertad por haberse cumplido el plazo de 40 días de que disponían las autoridades de España y la Argentina para hacer llegar el exhorto para traerlo a Cavallo al país para ser juzgado.
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Según la oficina de Taiana el exhorto lo envió el juez que entiende en la causa ESMA, Sergio Torres, llegó a la Cancillería el 28 de diciembre. El 29 fue feriado, como el 30, 31 y 1 de enero pasados. Salió de Buenos Aires el 2 de enero y el 5 de ese mes fue recibido, vía la embajada argentina en España, por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En esa repartición del gobierno español durmió el documento hasta esta semana, sin que se hayan dado las explicaciones que motivaron que Cavallo pasara una noche en libertad. El ex marino la pasó en casa de su abogado y después de analizar su situación prefirió presentarse de nuevo ante la Justicia española, adonde quedó de nuevo detenido.
Cavallo consideró, antes de volver a los tribunales de Madrid, la posibilidad de salir de España y viajar a alguno de los países que no tienen tratado de extradición con la Argentina, como Sudáfrica. Ante la eventualidad de que ese traslado complicase su situación judicial, prefirió quedar de nuevo detenido.
Análisis
El caso Cavallo será tema mañana en Madrid de la reunión de gabinete de ministros de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese cuerpo debe resolver si autoriza la continuación del trámite, que incluye una citación al ex marino -que fue detenido hace cinco años en México, desde donde fue enviado a España por pedido del juez Baltasar Garzón- para que diga si quiere o no ser sometido a juicio en la Argentina.
Seguramente dirá que sí, por lo menos por los antecedentes de la causa. Fue la razón además por la cual Cavallo se presentó al día siguiente de ser liberado. Esa decisión coincide con el interés del gobierno Kirchner que quiere que los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión clandestina de las guerrillas en los años 70 no se hagan fuera del país.
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