La prórroga
de la
concesión de
las tragamonedas
a la
empresa de
su amigo
Cristóbal
López la
firmó Néstor
Kirchner el 5
de diciembre
pasado, pero
su esposa
esperó al 31
de diciembre
-día declarado
asueto
oficial- para
publicarla en
el Boletín
Oficial.
Un regalo para Año Nuevo les dejó Néstor Kirchner a sus amigos Cristóbal López y Federico Achával, dos empresarios dedicados a las actividades de apuestas, que sorprende no despierte la queja de Mauricio Macri, ya que afecta los intereses de la Capital Federal.
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Estando todavía en funciones, Kirchner determinó por decreto la prórroga por 10 años (con posibilidades de 5 más) de la concesión a Hipódromo Argentino de Palermo SA (Hapsa), norma que a la vez propone «incrementar» el número de máquinas tragamonedas de acuerdo con la demanda lúdica.
Achával tiene la concesión referida al hipódromo, mientras que López a las tragamonedas, cuya instalación y producido, más allá de estar en desacuerdo con las normas porteñas, deberían ser administrados por la Ciudad de Buenos Aires, hoy gobernada por Macri.
El decreto habla de las dificultades económicas de Hapsa en los primeros 10 años de concesión y en cambio de los beneficios de los últimos años que el gobierno utiliza para obras de bien social.
Menciona la norma que existe una resolución de Lotería que «intima a la concesionaria del Hipódromo Argentino de Palermo a incrementar el parque de máquinas electrónicas de resolución inmediata, atento a las necesidades del mercado lúdico». Luego menciona que Hapsa debe resignar una demanda judicial, reciclar la tribuna Paddok, y reemplazar el totalizador de apuestas por uno de última generación» como toda retribución, y destaca que «las explotaciones lúdicas deben efectuarse conforme los gustos del público apostador, que resultan mutables».
Además, se señala en el decreto que «interpretando armónicamente lo expuesto por las áreas competentes, el directorio de Lotería Nacional decidió que resulta conveniente impulsar la prórroga solicitada».
Consentimiento
Macri, con su mutismo, consiente el avance del gobierno nacional sobre los juegos de apuestas, que por Constitución debería regular la Ciudad de Buenos Aires. Y es al menos la tercera oportunidad que el jefe de Gobierno deja pasar.
Ocurrió con la concesión de los bingos, cuyo producido le reportaría al distrito mucho más que el aumento del ABL (Alumbrado Barrido y Limpieza). Se calcula que sólo las máquinas tragamonedas de la Ciudad de Buenos Aires recaudarían en bruto más de $ 450 millones anuales.
Luego se estuvo al borde de hacer valer un convenio que prorrogaba por veinte años el acuerdo entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego porteño, para que el distrito recibiera un porcentaje de los juegos y no todo, como correspondería. El decreto de Néstor Kirchner fue publicado en el Boletín Oficial el 31 de diciembre de 2007, jornada que fue declarada de asueto para la administración pública.
Al menos Macri ha logrado la sanción de una ley que reduce dos cargos en el directorio del Instituto del Juego porteño, un organismo cuyo desempeño por el momento se acota a campañas de difusión contra el juego clandestino y otras materias de ese estilo, pero que no puede todavía cumplir con algunos de los propósitos para los que fue creado, como organizar y controlar el azar en el distrito, o bien crear una lotería propia.
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