Trenes: admiten pruebas "flojas"

Los incidentes en la línea Sarmiento, ocurridos en simultáneo en las estaciones Castelar y Merlo la semana pasada enfrentan al gobierno a una encrucijada: la denuncia, que dicen probada, de que existió un sabotaje pero la complicación para demostrar la autoría del mismo.

El jueves, luego de los hechos, el gobierno sindicó a militantes del Partido Obrero (PO), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el grupo Quebracho y el Proyecto Sur de Pino Solanas con agitadores, y en algún caso ejecutores, de los episodios violentos.

La explicación oficial apuntó, incluso, contra un dirigente del PO, José María Escobar, y habló de la existencia de elementos para producir los incendios, argumentos que usó para sostener la hipótesis de que se trató de un «hecho organizado premeditadamente».

Sin embargo, el convencimiento oficial choca con algunos bemoles. Las pruebas precisas, para inculpar a los militantes, serían -siempre según la versión de la Casa Rosada-declaraciones de usuarios que estuvieron en el lugar de los hechos cuando ocurrieron.

Costo

Ese sería el elemento central, por caso, para acusar a Escobar de que mojó su campera con combustible, la incendió y la tiró dentro de un vagón, lo que habría iniciado el fuego que terminó quemando siete vagones en la estación Merlo, cuyo costo asciende a siete millones de pesos.

Pero, así se admite en el gobierno, de esas intervenciones no existen pruebas filmadas ni fotográficas, por lo que la determinación de la autoría material de los desmanes no sería fácil de probar. Sería necesario, en todo caso, que haya declaraciones en la Justicia.

De este modo, el oficialismo reconoce cierta fragilidad en sus imputaciones a grupos de izquierda. No cede, de todos modos, en el convencimiento de que fue un «sabotaje» el ataque al sistema de frenos del tren que a las 6.32 se detuvo a la altura de la estación Castelar.

Así mismo, sobre ese punto en concreto, también se reconoce la dificultad de determinar quiénes ejecutaron ese eventual sabotaje.

En tanto, Aníbal Fernández ratificó sus dichos respecto de la participación de militantes del PO, el MST, Quebracho y Proyecto Sur. Pero se encargó de aclarar que no imputó a los partidos sino, eventualmente, a dirigentes que militan en los mismos.

Es una forma de gambetear las demandas por injuria que preparan esas agrupaciones contra el ministro por sus denuncias.