El gobernador de Tucumán, Julio Miranda, firmó hoy el decreto por el cual dispuso el retiro anticipado de 2.000 empleados públicos, en la primera medida adoptada para reducir el gasto y cumplir con las metas exigidas por el Fondo Monetario Internacional a las provincias.
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"Ya firmé el decreto para el retiro de los trabajadores mayores de 54 años. Sin embargo, no se trata de una medida compulsiva, sino optativa", aseguró hoy a la prensa el titular del Poder Ejecutivo, quien agregó que ahora están trabajando en la instrumentación de la decisión.
La medida, que no comprendería a los policías ni a los trabajadores de la sanidad, le permitirá a la provincia ahorrar 12 millones de pesos al año en la planilla salarial de los 65.000 empleados públicos, según cálculos del Ministerio de Economía, que encabeza Joaquín Ferre.
A fin de cumplir con las metas exigidas por el FMI para poder asistir a la Argentina, Tucumán, como las otras provincias, debe reducir el déficit fiscal en un 60 por ciento, por ello el gobierno provincial optó por el retiro como primer paso, ya que al año la provincia gasta 550 millones de pesos en salarios.
Miranda precisó que aún no se puede decir cuántos millones significará la reducción del déficit en 60 por ciento, "porque primero hay que determinar, con cierta previsibilidad, cuánto ingresará en fondos coparticipables para poder efectuar el cálculo".
Cuando se le preguntó si la reducción del gasto provincial pasaba a depender entonces de que la Nación cumpla en tiempo y en forma con la coparticipación, contestó: "No depende de ella, sino de la sociedad argentina, para recobrar los niveles históricos de recaudación".
Los empleados que opten por retirarse anticipadamente percibirán 70 por ciento de lo que actualmente cobran hasta que cumplan la edad exigida para jubilarse o hasta que alcancen la cantidad de años de servicios requerida para acceder a los beneficios previsionales.
No trascendieron otras medidas de ajuste, pero Ferre insistió en que el objetivo del gobierno es preservar la paz social, no obstante lo cual habrá, por parte del Ministerio de Economía, un mayor control en las liquidaciones de los salarios de los estatales.
Los funcionarios no precisaron cuáles serán las metas específicas que deberá cumplir para poder recibir, a cambio, una ayuda crediticia de 250 millones de pesos (35 millones de pesos por mes), que se destinará a la amortización de la deuda pública (supera los 1.200 millones de pesos).
Los fondos que se liberarían a la provincia, previo ajuste del gasto público, se destinarán a cumplir con créditos otorgados por organismos externos, lo que permitirá liberar los recursos que recibe Tucumán en coparticipación federal, hoy afectados en su casi totalidad.
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