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«Es imposible que tengamos éxito con un reclamo formulado de esa manera, porque si se trata de una paritaria todos los actores que intervienen deben revalidar su representatividad. ¿Y cómo se hace para convalidar, por ejemplo, la representatividad de la UIA cuando se acaba de formar otra entidad empresaria en detrimento de la tradicional? ¿Cómo se convalida la representatividad de nuestras dos CGT, que tenemos un conflicto en ese plano?», se preguntaba uno de los técnicos que rodean a Moyano anoche, ante este diario.
El inconveniente jurídico está demorando el trámite que los sindicatos vienen negociando con los empleadores: se trata de que se conceda un aumento salarial no remunerativo (no afecta las cargas sociales) de entre $ 50 y $ 100.
Con los sindicatos, el más interesado en esta conquista es el propio Eduardo Duhalde, quien viene «tolerando estoicamente» (palabras de uno de sus más íntimos colaboradores) los límites de su ministro de Economía, Roberto Lavagna. El titular del Palacio de Hacienda pretende demorar cualquier decisión en materia de política salarial hasta tanto se suscriba el acuerdo con el Fondo.
Lavagna reconoce otro límite a la pretensión de Duhalde: si bien el aumento afectaría al sector privado exclusivamente, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que los empleados públicos, que incluyen médicos, maestros, policías, etc., reclamen también una recomposición? Como el Estado no podría hacerse cargo de ella, hay en el Ministerio de Economía quienes se inclinan por no abrir la discusión en ningún plano.
Colabora con esta postura la disidencia del sector privado. Los integrantes de la UIA parecen más permeables a la pretensión sindical. Pero el grupo de grandes empresas denominado Asociación de Empresarios Argentinos no se expresó todavía.
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