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Anoche el Presidente hizo inequívoca su aspiración a desterrar modos recientes en el desempeño del Alto Tribunal del país. Invoca y espera el acompañamiento de los otros actores institucionales y abre una instancia que no parece del todo acertada. La Corte Suprema es un problema político al que, hasta ahora, no se le ha hallado solución. Pero también es un mecanismo indispensable para el funcionamiento adecuado de los poderes y la imagen externa e interna de la seguridad jurídica. El actual enfrentamiento no es tolerable para el sistema. Debe saldarse con urgencia. Desde la doctrina, hemos sostenido que debe instituirse una Corte Constitucional que cumpla los roles de guardián de la ley fundamental, olvidados por un integrante a favor de su interés particular.
Esa creación, casi unánime en el derecho comparado, aportaría además un progreso técnico de primera clase. Para ello se requiere la reforma de la Carta Magna. Su trámite no es sencillo ni ágil. Pero aportaría valiosos dones, de obvia importancia. Podría precederse por una consulta popular, previa derogación de la inconstitucional ley que impide oír la vox populi en los temas constitucionales. Con ese descontado respaldo, la vía de la Convención Reformadora quedará expedita y, descartadas objeciones personales, se operaría un relevo con rendimiento institucional, tal vez completando la estructura judicial con una Corte Nacional de Casación.
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