Mauricio Macri consiguió anoche mucho más que cualquiera de sus antecesores, cuando la Legislatura porteña, finalmente, sancionó la ley de creación de la Policía Metropolitana, la primera fuerza de seguridad propia para el distrito. La implementación del funcionamiento de ese cuerpo no será sencilla, porque, de acuerdo con el proyecto, los agentes porteños contarán con las mismas atribuciones que los federales, en una convivencia cuyas pautas no están esclarecidas ni previstas.
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Macri, para llegar a la sanción de la ley, primero forzó la derogación del articulado de la llamada Ley Cafiero que acotó la independencia porteña. Se lo concedió el gobierno de los Kirchner, porque después de todo era una promesa del fracasado Daniel Filmus, que compitió contra el jefe porteño. Luego peleó por la transferencia del área metropolitana de la Federal y sus recursos monetarios, pero al no lograrlo se embarcó en crear un cuerpo del distrito para la seguridad, casi como un amague más por obtener de Cristina de Kirchner la porción de federales de las 53 comisarías capitalinas bajo su órbita. Sin nada, propuso la ley, sobre la cual, por cierto, debió ceder buena parte del proyecto para obtener los votos necesarios para la sanción de la ley y el acuerdo que permitió anoche que también el kirchnerismo pusiera énfasis en destacar las bondades de la norma, que consiste en un marco general de seguridad para la Capital Federal, que en uno de sus puntos contempla la formación de un cuerpo policial.
Desde que la ciudad es autónoma, a medias, el reclamo por una policía propia fue el más sonado en cada una de las gestiones. Lo comenzó Fernando de la Rúa, el primer jefe de Gobierno electo, en 1997, cuando el presidente era Carlos Menem y el ministro de Interior, Carlos Corach, amagó con transferirle parte de la Policía Federal.
Enseguida buscó el radical deshacersede ese presente que podría complicarle su carrera presidencial, reclamando los fondos, además de los agentes, en una discusión nunca saldada, ni ahora tampoco para Macri. Con De la Rúa en la presidencia y ya Aníbal Ibarra en el Gobierno porteño, durante 2000, tampoco se concilió el traspaso, a pesar de convivir esos mandatarios, por entonces, bajo el mismo sello de la extinta Alianza. Con la crisis posterior, Ibarra directamente disolvió la Secretaría de Seguridad, convencido de no lograr contar con policías bajo su mando. Hasta Jorge Telerman, reemplazante del destituido Ibarra, hizo campaña para el intento de renovar el cargo, con el tema policial.
Pero, finalmente Macri, que usó como una de sus promesas principales de campaña el alivio a la inseguridad, dio el paso con la sanción de la ley y aún queda por ver si otra vez la falta de un convenio con el gobierno nacional o la falta de recursos no interrumpen el objetivo.
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