Valijero: jueza habló de fondos para Cristina

Política

La jueza estadounidense Joan Lenard que preside en Miami el juicio contra el venezolano Franklin Durán rechazó ayer una moción del abogado Edward Shohát que intentó como último recurso probar que su defendido había caído en una trampa del valijero Guido Antonini Wilson para quedarse con sus empresas. Para justificar su decisión la jueza se basó en los testimonios de los arrepentidos escuchados en las últimas 7 semanas, recordando que Durán con uno de ellos, Carlos Kauffman, se habían reunido con el jefe de inteligencia venezolano para organizar el encubrimiento de los fondos que estaban destinados a la campaña presidencial de Cristina de Kirchner. Fue la primera vez que la jueza mencionó el destino del dinero de la valija, tal como lo relataron los testigos.

En esa decisión rechazó también que Antonini volviera a presentarse ante el jurado como había pedido Shohat. Se cierra así el último recurso al que apeló la defensa para intentar cambiar el rumbo del juicio. La decisión fue también el más duro revés para los argumentos que sostiene el gobierno argentino sobre el caso.

Se argumentó, también en Venezuela, que el intento de ingresar la valija con los u$s 800.000 y la supuesta conspiración de los venezolanos para ocultar el destino de los fondos del maletín había sido un delito cometido entre particulares en el que la Argentina nada había tenido que ver. El fallo de Lenard de ayer desechó esa teoría.

Técnicamente, la jueza rechazó una moción de nulidad en la que Shohát afirmaba que el FBI y Antonini Wilson le tendieron una trampa a Durán para involucrarlo en el caso: «Es una trampa, en mis 37 años de ejercicio profesional, nunca he visto un caso de trampa política como éste», dijo Shohát ante la jueza.

  • Pruebas

    Lenard desestimó la moción y consideró que existen suficientes pruebas para que «un jurado razonable» considere culpable a Durán de conspirar y actuar como agente de un gobierno extranjero para ocultar el origen y el destino de los u$s 800.000 incautados a Antonini el 4 de agosto de 2007. Fue el paso más concreto hacia una condena a Durán.
    La magistrada basó su decisión en el testimonio de Kauffmann, quien reconoció que junto a Durán se reunieron con Henry Rangel Silva, director de la Disip, servicio de Inteligencia de Venezuela, para discutir sobre el escándalo del maletín.

    Apoyándose en ese testimonio, Lenard argumentó que antes de que Antonini acudiera al FBI, Kauffmann y Durán sostuvieron encuentros con Rangel «sobre los 800.000 dólares que fueron en una maleta de Antonini o que estuvo involucrado en la Argentina y que supuestamente eran para Cristina de Kirchner, una candidata a la presidencia de la Argentina».

    La jueza agregó que en el testimonio de Kauffmann (que quedó desde ese momento como la prueba decisoria en el juicio) se dijo que Rangel Silva estaba a cargo del caso y que necesitaba la ayuda de ambos empresarios para solucionar el problema surgido tras la confiscación de la valija en Aeroparque.
    Thomas Mulvihill siempre argumentó que Antonini firmó un acuerdo con el FBI el 16 de agosto de 2007 y que Durán supuestamente cometió los delitos por los que se le acusa antes de esa fecha.

  • Alegatos

    Los fiscales y la defensa siguieron analizando ayer las pruebas que deben o no someter a consideración de los doce miembros del jurado. Las dos partes presentarán mañana sus alegatos al jurado y a partir de ese momento sólo restará escuchar el veredicto.

    Al mismo tiempo en Venezuela, la Superintendencia de Bancos de ese país envió un oficio a las entidades para que procedan a congelar los bienes de Antonini Wilson y Durán.

    La comunicación, con fecha 13 de octubre de 2008, explica que existe una medida « precautelar de aseguramiento de bienes e incautación, prohibición de enajenar y gravar bienes y cuentas bancarias» de ambos empresarios, resolución que fue dictada por un tribunal de Caracas.

    La decisión se tomó tras el pedido de la Fiscalía General de la República, que abrió un juicio contra Antonini Wilson, sobre quien también pesa una orden de detención por presuntos hechos de corrupción, al igual que Durán.
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