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Fuentes afirmó que con "la estructura de ese poder sobre la base de la presión fueron miserables con los cables de pueblos, con las cooperativas", y agregó que ponían en práctica "la extorsión", como por ejemplo en la transmisión de los partidos de fútbol".
El diputado del FpV Roberto Feletti sostuvo que "el 7 de diciembre es un hito más de una larga construcción que tiene por objetivo afirmar en la Argentina un proceso de democracia popular real, que pasa por consagrar derechos".
En un comunicado de prensa, el diputado nacional y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja sostuvo que "el Gobierno va siempre en la misma dirección: la de construir ciudadanía, conformando una sociedad más fuerte y robusta".
En ese sentido, Feletti hizo referencia a otras iniciativas que profundizan esa noción de ciudadanía, entre las que mencionó "la inclusión vía empleo, con la capacidad que tienen hoy los trabajadores de negociar sus salarios todos los años y de proyectar su futuro sin temor".
También, puso de relieve otras normas en esa misma línea como "las jubilaciones masivas y la Asignación Universal por Hijo", al sostener que se trata de iniciativas que "permiten que el pueblo tenga certezas sobre el futuro".
Según Feletti, "ese proceso de ampliación de derechos apunta a construir una ciudadanía más potente, no permeable a manipulaciones, y eso inquieta a los poderes fácticos".
Dijo que "la angustia que hoy tiene el poder económico es que el voto sirve a un proyecto popular" y celebró que "ahora un partido que llega al gobierno tiene un Estado desendeudado, sólido, desde donde puede hacer políticas públicas y cumplir los roles de redistribución social".
Feletti subrayó además que "entre 1983 y 2003, más allá de las voluntades de los dirigentes, había una sensación de que el voto siempre terminaba recuperado para el lado del ajuste" y opinó que "para nosotros el 7 de diciembre representa un proceso de quiebre de ese esquema" porque, dijo, que "en ese camino, la democratización de la palabra es un paso trascendente".
Finalmente, el diputado remarcó que "otra vez el voto vuelve a ser una herramienta clave" y aseguró que "la democratización de la palabra acaba con la capacidad de formar voluntades por la vía de un monopolio mediático y consagra un ciclo de pluralidad y de construcción de ciudadanía, basado en el desarrollo de espíritus críticos".
Desde la otra vereda política, el diputado del Frente Amplio Progresista (FAP) Humberto Tumini advirtió que "el Gobierno piensa en una República con dos poderes y manejados por ellos".
"La Corte expresó con toda firmeza, hace unos pocos días atrás, que, en el conflicto por la Ley de Medios, se debían evitar conductas obstruccionistas en la Justicia", enfatizó Tumini.
El legislador se quejó de que "no obstante ello, el gobierno ayer volvió a recusar -esta vez a todos- los jueces que tienen que emitir fallo sobre si corresponde o no una nueva cautelar".
"El ministro (Julio) Alak fue más allá, y en una insólita intromisión en los quehaceres de otro poder, dijo que aceptar aquélla sería un alzamiento contra una ley de la Nación", subrayó.
Según Tumini, "cabe pensar que la Presidenta (Cristina Kirchner) tiene en la actualidad el concepto de que el poder judicial está de más, que perfectamente podemos tener una República con sólo dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo".
"Probablemente también esa idea venga acompañada de otra, que dice que es útil un país de esas características en tanto y en cuanto -como ahora sucede- ellos manejen dichos ámbitos", señaló.
Por su parte, el diputado Francisco De Narváez convocó a la oposición a actuar con "absoluta firmeza" contra el Gobierno en su disputa con jueces que intervienen en la causa por la Ley de Medios.
"Yo veo esto con extrema gravedad, y espero que actuemos con absoluta firmeza", enfatizó De Narváez, tras confirmar que impulsará un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Julio Alak.
Según consideró, la presidenta Cristina Kirchner es "la responsable de todo lo que está sucediendo, porque no sucede nada en el gobierno cristinista sin que ella lo apruebe o lo indique".
"Ella es la culpable sobre las declaraciones y las acciones por parte del Ejecutivo sobre la justicia independiente. Lo que está pasando es que se sienten perdidos ante la opinión pública porque el relato de ellos tiene una enorme contradicción con la realidad", subrayó.
En declaraciones a Radio El Mundo, señaló que "lo único que le importa a la señora presidenta es que haya una sola voz y sea la de ella, y no funciona así el país, la Justicia debe ser independiente".
"Cuando dicen que vamos por todo, incluye a la justicia, y la justicia es el límite para todos los ciudadanos", advirtió.
Para De Narváez, "ella pretende que si alguien cambia de canal, en todas las pantallas surja lo mismo, que es que hablen maravillas de ella, que digan que no hay inseguridad".




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