Voces a favor y en contra de la reforma judicial

Tras el anuncio de la presidente Cristina de Kirchner de su envío al Congreso, los seis proyectos para reformar el Poder Judicial siguen acumulando voces a favor y en contra.

Uno de los primeros en hablar al respecto desde el oficialismo fue el senador Aníbal Fernández, quien aseguró que los proyectos apuntan a "mejorar la calidad de la Justicia".

Asimismo, aseguró que "ya vienen discutidos" por lo que "no deberían tener objeciones". Fernández aseguró que si existe algún "error involuntario", será subsanado.

"Los jueces son elegidos por jueces y los académicos y por los académicos, mientras que los representantes del Poder Ejecutivo son elegidos por el voto popular. Eso es lo que se está discutiendo", dijo Fernández al referirse a los cambios en el Consejo de la Magistratura.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, aseguró que los proyectos "están apegados a derecho y a la Constitución" y que de ningún modo "pueden ser tildado de inconstitucionales".

"Hay que construir una Justicia más próxima al ciudadano", remarcó y agregó: "La reforma va a garantizar el pluralismo y la absoluta independencia de los jueces". 

Otra de las voces que se escuchó desde el oficialismo fue la de la diputada nacional Diana Conti, quien también cargó con dureza contra el desempeño de la Justicia.

"Con algunas medidas cautelares quedó demostrado que ya hay una justicia adicta, pero adicta a determinados grupos económicos", aseguró la legisladora. Y señaló que los proyectos de ley que se enviaron al Congreso intentan "poner racionalidad" al funcionamiento de la Justicia.

Conti agregó que "se ha desmadrado el uso de las cautelares". "La Justicia no está siendo eficaz y efectiva. Muchas cautelares tiene que ver con la constitucionalidad de la medida. Romper la familia judicial es romper la corporación injusta", concluyó.

También habló al respecto el presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera, se pronunció a favor del debate legislativo de los proyectos de democratización del Poder Judicial. "Espero, realmente, que esta seriedad y profundidad se traduzcan en la conducta de los legisladores", remarcó.

Fera, quien además de presidente es uno de los representantes que tienen los jueces en el Consejo, definió como "algo auspicioso" la posible participación "de otros sectores y un pluralismo más representativo de la sociedad" en la conformación del organismo, por fuera de los sectores que hoy lo integran, aunque al mismo tiempo reclamó que ese pluralismo "debe ser acompañado por una mayor presencia de los magistrados".

Por otra parte, consultado sobre si ve como negativa la supuesta "politización" que podría tener el Consejo de la Magistratura a partir de la elección popular de sus integrantes, Fera reconoció que "las listas de las que nosotros formamos parte para ser electos son, en definitiva, partidos políticos llamados de otra manera", y agregó que, en realidad, lo importante es que no se pongan en riesgo "las bases de lo que son el resguardo de la independencia del Poder Judicial".

Respecto de la ampliación de miembros que tendrá el organismo producto de la modificación en la elección de sus integrantes, el magistrado afirmó que "como el Consejo de la Magistratura tiene distintas funciones previstas por la Constitución, es bueno que tenga composición de estamentos y distintas mayorías para los distintos temas".

Y concluyó que "no me parece, en principio, mala idea la de las mayorías absolutas, que es la mitad más uno de los miembros totales".

Desde la otra vereda, el senador nacional de la UCR y consejero del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, salió a criticar con dureza los proyectos y consideró que "apuntan a eliminar la poca independencia que queda en el Poder Judicial".

"Acá no está sólo en riesgo el Poder Judicial, está en riesgo la República. Es muy grave lo que está pasando", sostuvo Cimadevilla en diálogo con Radio 10. Y agregó la reforma "tiene resabios monárquicos"

Por su parte, el secretario general del gremio de empleados judiciales, Julio Piumato, cuestionó las medidas y advirtió que "lejos de democratizar" ese poder del Estado "se va por un callejón peligroso para la independencia de la Justicia". Y afirmó que la reforma "a todas luces es inconstitucional".

Ayer, Cristina oficializó el envío al Congreso de seis proyectos para "democratizar la Justicia", entre los que se destacan la reforma en el Consejo de la Magistratura -que ampliaría sus miembros, que además serían elegidos por voto popular en las primarias- y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados.

En el caso de los cambios en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y remover a los jueces, pasaría de 13 miembros a 19 y serían elegidos por voto popular. De los seis integrantes que se incorporan, cinco serán académicos de cualquier carrera universitaria, y el restante, un abogado. En tanto que también modificaría la actual mayoría que se requiere para tomar una decisión sobre el desempeño de un juez, pasando de ser necesario un tercio a ser la mitad.

En el caso de las medidas cautelares, el proyecto limita a seis meses su aplicación se produzca o no el fallo del juez sobre la cuestión de fondo. Asimismo, la Presidente explicó que "para que proceda una cautelar el particular debe demostrar que el perjuicio no es reparable".

En cuanto al resto de las medidas, los proyectos prevén el "ingreso Democrático al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y también de la Defensa" -mediante concursos múltiples y concursos previos-; una ley de "Publicidad de los actos del Poder Judicial"; la creación de tres nuevas Cámaras de Casación; y el "acceso directo a Declaraciones Juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado".