Comisión presenta poco audaz plan para combatir el delito

La comisión antidelito que creó Eduardo Duhalde entregará hoy el plan para combatir la ola de secuestros e inseguridad. Pero no habrá sorpresa ni medidas audaces para enfrentar un problema muy grave. No son novedosas. La mayoría se trata de propuestas que hace meses están en el Congreso, algunas de las cuales ya tienen media sanción, pero no se impulsan para que puedan ser efectivas. Se pretende incorporar figuras como el arrepentido, la recompensa o el agente encubierto, ya utilizadas en otros casos y que han generado no pocas controversias. Una de las pocas ideas positivas es crear la unidad de inteligencia criminal, aunque en la práctica también ya funciona entre las fuerzas de seguridad. Hay amplia coincidencia en que estas medidas no tendrán un impacto directo sobre los elevados índices de inseguridad.

Eduardo Duhalde recibirá hoy el esperado plan para combatir la ola de secuestros e inseguridad ideado por el consejo de notables que encabeza León Arslanian. Pero no serán medidas audaces como las que el presidente de España, José María Aznar, pondrá en práctica para reducir los niveles delictivos en ese país. No habrá juicios rápidos, ni más policías, ni mayor presupuesto para seguridad. Salvo algunas propuestas, las de aquí son medidas cosméticas para atacar un problema que es grave.

Lo que entregará el ex asesor y secretario de Seguridad de Duhalde en la Casa de Gobierno son proyectos conocidos. Inclusive algunos de ellos ya cuentan con media sanción en Diputados y otros desde hace meses deambulan en el Congreso.

Presentado con el pomposo título de Plan Nacional de Prevención del Delito y Secuestros, Arslanian entregará un esquema de trabajo que entre sus principales puntos contempla:

• La pena de reclusión y prisión perpetua para los casos de secuestros extorsivos seguidos de muerte. Un proyecto presentado hace tiempo por el senado Jorge Milton Capitanich.

• La incorporación de la figura del «arrepentido» que ya existe para los casos de narcotráfico y de terrorismo, y que para los casos de secuestros y la privación ilegítima de la libertad ya tiene media sanción en Diputados. Esta iniciativa prevé una reducción de penas para un delincuente que brinde información que permita la liberación de la víctima. No tiene alcance para el jefe de la banda.

• La institución de la figura de la recompensa para los que aporten datos que permitan desbaratar una organización delictiva o liberar a un secuestrado.

• Mayor poder para los fiscales, para que éstos a igual que los jueces, puedan investigar y ordenar detenciones, como funciona en la provincia de Buenos Aires.

• La incorporación del «agente encubierto» para que las fuerzas de seguridad puedan infiltrar a sus efectivos en las bandas.

• La extensión de las jurisdicciones para que los jueces puedan actuar en cualquier parte del territorio.

• La creación de una unidad de inteligencia criminal. Esto es una red de información que le permita a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas de seguridad intercambiar información sobre el accionar delicti-vo. Es la idea más novedosa, pero que en realidad en los hechos ya funciona con acuerdo entre las propias fuerzas e inclusive participa la SIDE.

• Y el agravamiento de penas por el uso de armas ilegales. Una cuestión que también tiene media sanción en Diputados.

Ayer, juristas, abogados y expertos en el tema aseguraron a Ambito Financiero que las medidas «son pálidas» para resolver una situación de emergencia como la que experimenta hoy la seguridad. Y sostiene que no terminan con la ola de secuestros.

El abogado Jorge Celzi, si bien ponderó la cualidades de los integrantes de la comisión, sostuvo que en tanto no constituya un trabajo metódico de reforma de los Códigos «no tiene más alcance que la moción». Y que este tipo de modificaciones tiende a ser fuertemente resistido, «más cuando no han sido consultadas o no se ha convocado a cuadros técnicos, que tienen los colegios de abogados o las universidades».

Al respecto, se refirió a los problemas prácticos que tiene la figura del arrepentido. Porque a su entender se debe demostrar que colaboró antes de otorgarle el beneficio de la reducción de la pena.

«¿Pero que juez o fiscal tiene autoridad para negociar con el arrepentido las concesiones que se van a hacer, cuando la obligación del Estado es castigar al que se alza contra la ley que es la expresión soberana del ciudadano?», se preguntó.

Si bien se mostró partidario de no colaborar con la idea de todos contra todos «especialmente --dijo-cuando la Nación está al borde del precipicio», consideró que las medidas no tendrán un alcance efectivo inmediato.

Para el ex juez de faltas y candidato al Gobierno porteño Jorge Rodríguez las medidas que se presentarán hoy en sociedad son «un parche, una medida accesoria más» porque no se está creando un sistema de seguridad.

«El Estado tiene que tomar una medida urgente para soslayar la seguridad. Se debe contar con una legislación adecuada al delito, con una fuerza de seguridad capacitada y reconocida por la sociedad para que aplique la ley y una Justicia que aplique sanciones.»

Rodríguez también creyó necesario establecer un sistema carcelario moderno y adecuado a los tiempos «para que las mayoría de los presos tengan condena rápida y no pasen años procesados».