El gobierno, más cerca de la CGT y más alejado de la ley

Se les puede (y debe) reprochar casi por todo. Menos por falta de olfato. Los sindicalistas de la CGT dialoguista, la que conduce Rodolfo Daer, sospecharon siempre que Chrystian Colombo no les cumpliría, al menos en los términos en que ellos esperaban, con el pago del «pozo bidú» de sus obras sociales. Traducción: el «pozo bidú» es el nombre que el argot sindical aplica a los aportes realizados por empresas, pero que no tienen destino cierto por imperfecciones burocráticas. En vez de $ 37 millones, como esperaban, el gobierno reconoció solamente $ 27 millones. En vez de repartirlos como ellos habían solicitado, los distribuyó según lo que habitualmente recauda cada entidad. El resultado fue imprevisto por ellos: las obras sociales de personal de dirección se llevaron lo más importante del «pozo» mientras que ellos, que hicieron la gestión por el cobro y levantaron un paro a cuenta de ese dinero, quedaron casi con las manos vacías.

Sentados alrededor de la mesa, los capitostes de la CGT se miraban entre ellos sin entender cómo les podía ocurrir semejante percance. «Nos mejicaneó, el Vikingo nos mejicaneó», se enfurecieron, mientras acusaban a Colombo -él es «el Vikingo»- con las más diversas imputaciones. De las palabras pasaron a la acción directa. Se dirigieron a la Superintendencia del Sistema de Salud.

Combativos

Es la oficina que controla los fondos de las obras sociales. Fue el lunes y los gritos todavía se escuchaban anoche. «Ustedes dos son dos gordos inservibles» debieron escuchar Rubén Cano (superintendente) y Héctor «Cabeza de Novio» Lombardo, el ministro de Salud, quien además tuvo que tolerar que le hablaran de su futuro laboral: «Ahora (Marcos) Makón te va a degradar a una secretaría».

Hacía años que a «los gordos» no se los veía tan combativos. Claro, hacía años que no les tocaban el bolsillo. El problema no se debió a ninguna confusión de Colombo ni de Cano. Tampoco a una presunta «mejicaneada» del jefe de Gabinete (en el lenguaje de los gremialistas, vecino con el del hampa, «mejicanear» es robarle a un ladrón, lo que revela en la CGT un grado de autocrítica que el país está esperando de muchas de sus instituciones). En realidad, el gobierno no encontró una manera de repartir ese dinero que sea compatible con los deseos de los gremios y con la ley, al mismo tiempo.

Los sindicatos le presentaron a los funcionarios un modelo de reparto según el cual recibirían dinero obras sociales que no pueden argüir que las empresas realizaron mal sus aportes.

Es el caso de todas las privatizadas (desde las telefónicas hasta las eléctricas) que hacen sus contribuciones a una sola cuenta y, en general, sin errores de imputación. Pero el gobierno aceptó ese criterio de repartir el «pozo bidú» con un criterio político, como pago por el levantamiento del paro.

Hace aproximadamente un mes, Colombo debió romper un decreto en el que se disponía esa forma de pago que exigía la CGT.

Evitó de esa manera que Fernando de la Rúa, que debía suscribir esa norma, quedara eventualmente involucrado en una asignación de dinero difícil de justificar administrativamente. Se eligió entonces otro camino: disponer el pago a los sindicalistas por medio de una resolución de la AFIP, que es el organismo que recaudó los fondos que ahora deben discriminarse. El criterio adoptado fue otorgar los recursos según el nivel de recaudación de cada entidad, lo que benefició a las obras sociales de dirección (no contempladas en el «botín» sindical) y a gremios que no tenían previsto llevarse lo que ahora se les asigna. Desde ayer los funcionarios del gobierno comenzaron a derivar hacia la otra margen, en un intento de calmar a los «gordos» irritados. Reaparece el problema: cuanto más se acercan a ellos más se alejan de la ley.