Error al cambiar Ley de Quiebras

La Argentina resulta un país paradigmático y desconcertante para el mundo globalizado que lo observa, mientras transita esta crisis global que no ha dejado sector ni segmento de la sociedad sin afectar. La baja de la actividad económica registrada en los dos últimos años, el incremento de la inseguridad que a diario nos conmueve, la desocupación y pérdida de oportunidades y el despliegue de los representantes de diversas áreas de nuestra comunidad lanzados a un plan de protesta salvaje donde todo vale con tal de poner de manifiesto sus reclamos: desde los cortes de ruta, la paralización del tráfico en las ciudades; el impedimento de cumplir con servicios básicos y hasta el cierre forzoso de la frontera aérea, incomunicando y aislando al país, como la discriminación de los proveedores de bienes y servicios en razón de su nacionalidad o el origen de sus capitales, es algo que ya golpea demasiado nuestra realidad cotidiana.

Una prueba clara de la magnitud de la crisis, desde los números y estadísticas, lo da el incremento notable de empresas que han solicitado la apertura de su concurso preventivo o que han sido declaradas en quiebra. El país enfrenta una grave situación y el rescate económico sólo podrá venir de la actividad privada, ya que no es imaginable que pueda siquiera insinuarse algún gesto patriótico de quienes resultan beneficiarios del gasto político para mitigarla. El episodio del aguinaldo en el Senado es sólo una muestra.

En medio de todo asoma la crisis de Aerolíneas Argentinas, algo que golpea fuertemente el sentimiento de los argentinos, pero que no puede enfrentarse solamente desde el impulso mediático, el voluntarismo o la pasión descontrolada sino con profesionalismo y coraje político. Si Aerolínea tiene posibilidad de ser saneada, que lo sea y que se asuma la responsabilidad por parte de quienes la tienen para llevar esto adelante; si alguien ha incumplido con alguna obligación, pues hay que hacérsela cumplir; y si la empresa no tiene salida alguna, asumamos que si se desea su rescate, para evitar su cierre, la sociedad argentina en su conjunto se verá obligada a pagar un precio por ello, y debería poder elegir libremente -y no bajo presión incontrolable-si lo paga o no.

Pero esto de dictar leyes generales, como la proyectada modificación a la Ley de Quiebras, que afectará a todas las empresas quebradas, impidiendo que alguien piense en el futuro en poder adquirirlas solamente para intentar «... salvar a las familias de Aerolíneas...», o sugerir la imposición de un nuevo «...impuesto a los combustibles...» para subsidiar o sanear sus pasivos resulta algo realmente insólito, y que atenta contra toda racionalidad. Mucho terreno se ha recorrido y mucho ha costado poder flexibilizar esas rígidas regulaciones laborales que bajo la Ley de Quiebras anterior desalentaban toda adquisición de empresas quebradas o en crisis; o sacar de la mente de la gente que la única manera de solucionar los problemas es creando más impuestos. Por otra parte, también resultaría injusto para todos los demás sectores afectados: los textiles, el comercio, el agro, los inundados, las economías regionales, los fabricantes de maquinaria agrícola, y tantos otros que podrían reclamar la modificación de las leyes generales para proteger en beneficio propio a sus tantas o más de 7.500 familias; en realidad a 36 millones de argentinos.

Si hay una decisión política de salvar o rescatar Aerolíneas Argentinas, que se tenga el coraje político de hacerlo en forma particular y clara, y asumir el costo que ello implica. Pero esto de dictar normas generales con la intención de dirigirlas a un solo beneficiario, mientras se perjudica a todos los demás miembros de la comunidad, es algo así como gritar: ¡Salven al árbol!... ¡Incendien el bosque!