Habría decreto para polémico plan de obras

El gobierno analizaba anoche la conveniencia de sacar la ley de infraestructura mediante un decreto consensuado con los gobernadores. La imposibilidad de la Alianza de garantizarse quórum propio en Diputados y las dificultades que planteaba la negociación con los senadores del PJ -que todavía mantienen en estudio la iniciativa-se convirtieron en escollos difíciles de sortear para el oficialismo.
En la víspera, Chrystian Colombo, José Luis Machinea y Adalberto Rodríguez Giavarini repasaron en Olivos el plan de obras de $ 20.500 millones para los próximos 5 años y la agenda de la cumbre de Fernando de la Rúa con mandatarios provinciales (ver nota aparte). Además de la alternativa del Congreso, avanzó allí la idea de someter Infraestructura a un acuerdo político con gobernadores. Los caciques del interior podrían dar el visto bueno al borrador del decreto, una vez que lo conozcan en las próximas horas.

En materia de obras, la Casa Rosada avanzó también en el decreto de renegociación de contratos de peaje. En los primeros días de enero, ya estará listo y, de inmediato, comenzarán los trabajos. También está destrabándose el plan de aguas que asciende a $ 1.100 millones y despierta gran interés de Carlos Ruckauf.

El peronismo de la Cámara alta se había puesto duro en la última semana, tras el amague gubernamental de podar recur-sos provinciales del Presupuesto 2001, en una señal que sonó a «ingratitud» desde el punto de vista senatorial. José Luis Gioja y compañía, que enrostraban haber avalado leyes clave del gobierno, pretendían que el Ejecutivo no vetara $ 50 millones del Fondo del Tabaco y de diferimientos impositivos. En contraprestación, iban a habilitar mañana la votación con modificaciones del plan de obras y le permitirían a la Cámara baja convertirlo en ley, a más tardar el jueves.

Sin reparar en el feriado de Navidad, el oficialismo desplegó operaciones cruzadas para destrabar el conflicto en el Congreso, más allá de rangos o de la posibilidad de generar celos de uno y otro lado. Desde Fernando de la Rúa para abajo, hubo intervenciones de Machinea, Colombo y hasta del secretario presidencial Leonardo Aiello durante el fin de semana largo. Dialogaron con el cabecilla de la bancada opositora, amén de Eduardo Bauzá y Carlos Corach, entre otros.

A última hora de ayer, Gioja esperaba que el jefe de Gabinete le confirmara lo que ya le habían prometido extraoficialmente: que los vetos no serían muy severos y tendrían una variante salomónica, sin aumentar el déficit ni herir susceptibilidades provinciales. Por ejemplo, $ 20 millones previstos del Tabaco no quedarían a disposición del interior sino como ahorro forzoso hasta 2002.

Colombo se mostró benévolo respecto de las preocupaciones justicialistas, pero dejó más que firme la chance de sancionar la ley Gallo sin pasar por el Parlamento. A los reclamos del PJ, se habían sumado malas noticias de la bancada aliancista de la otra ala parlamentaria. Nadie podía asegurar que podrían sentar el mínimo necesario para aprobar el proyecto. A partir de esta especulación, comenzó a deducirse porqué razón Horacio Pernasetti, caudillo de la UCR en el cuerpo, se adelantó el jueves a pedir que saliera por decreto.

Por si fuera poco, faltaba un detalle estrictamente técnico. El período de extraordinarias, convocado por el gobierno, caducó el último viernes y, en consecuencia, era necesario que se prorrogaran las sesiones a fin de permitir la discusión en Diputados.Anoche, la ampliación de extraordinarias no había sido emitida.

En Senado, por el contrario, no resultaba imprescindible contar con esa herramienta, ya que allí habían pasado a un cuarto intermedio el miércoles. De esta manera, se podía continuar debatiendo el plan de obras sin problemas e incorporarle modificaciones durante esta semana. Obviamente, para darle rango legislativo e imponer su criterio, la administración De la Rúa precisaba volver la propuesta a la Cámara de origen, prórroga de sesiones mediante.

A pesar de los rumores, Jorge Yoma, uno de los más enconados críticos de Infraestructura, tenía pensado llegar hoy a Buenos Aires para insistir con sus objeciones en la tradicional reunión de bloque de los martes. Según el riojano, el proyecto tiene como objetivo «compensar» lo que supuestamente aportaron varias empresas a la campaña de la Alianza y, al mismo tiempo, solventar los gastos proselitistas en el 2001. «Esta es la verdadera ley de financiamiento político del gobierno», ironizó el legislador.

No es el único punto de discordia a ojos de Yoma. El delegado de La Rioja está molesto por la escasa defensa que ejerció su bancada respecto del artículo que propone restituir el recorte de salarios estatales, en base al ahorro de gastos personales de funcionarios. A puertas cerradas, Yoma ya se quejó de que sus colegas «sólo defienden los fondos provinciales» y no se preocupan demasiado por la amenaza de veto sobre la cuestión de sueldos.