La reforma que el país necesita

Apesar de los discursos y las conferencias de prensa, lo cierto es que el gobierno no puede con la crisis y, en un intento desesperado de detenerla, arremete contra los ciudadanos. El resto de la dirigencia tampoco colabora para superar la situación.

La consecuencia de ello no es algo menor. Hoy todos los argentinos vivimos en un país casi devastado; aumentan los índices de pobreza, la desocupación, el hambre y la miseria; la seguridad se ha perdido; vuelven los conatos de saqueos que hicieron abandonar el poder a otro presidente hace más de diez años; algunos nos vemos restringidos en nuestras disponibilidades económicas y financieras -por no decir la gran mayoría, ya que sólo los legisladores y algunos otros privilegiados han escapado al denominado «corralito»-, y la población debe asumir en su conjunto las consecuencias de una crisis que, en la mayor parte de sus aspectos, podría haber sido mitigada, cuando no evitada, si el gobierno hubiera actuado con la seriedad, responsabilidad y rapidez que las circunstancias exigían. Como si ello no fuera suficiente, jubilados, empresarios, estudiantes, amas de casa, profesionales, empleados, maestros y comerciantes, entre otros, se ven sometidos a toda clase de vejaciones en larguísimas e innumerables colas en instituciones bancarias y financieras, para mendigar la apertura de una caja de ahorro, retirar doscientos cincuenta pesos semanales o realizar alguna transferencia. La productividad real va camino a la destrucción y la industria de la cola, del número de orden de atención, de la espera, de la conferencia de prensa y de las imaginativas y creativas explicaciones de toda suerte de voceros, por el contrario, va en franco ascenso.

Sugerencias

¿Y la esperanza? Por lo que se espera del gobierno, muy poco; pero pueden darse sugerencias para que algo cambie. Como primera medida, que dejen de lado los discursos irreales y las declamaciones concertistas -sobre consensos que ni siquiera pueden obtener dentro de sus propias filas partidarias ni entre los mismos integrantes del claustro gubernamental-y que pasen a los hechos; como segunda medida, que no nos metan más las manos en el bolsillo a quienes no formamos parte del grupo del poder. Ni por la vía de obtener todos los financiamientos de sus fracasos por medio de nuevos impuestos, ni por dejar de lado planes y medidas que ellos mismos generaron, haciéndonos caer en la trampa y debiendo asumir los demás los costos, como tampoco imponiendo restricciones en la libertad de las cuales ellos mismos se exceptúan, ya sea legislando, como yendo a buscar amparos judiciales que avalen sus privilegios. Menos aún por la vía de devaluar, o «pesificar» para posteriormente «devaluar» y luego «dolarizar», lo que no sería más que un desfalco y saqueo a los bienes de los particulares que ya fueron «dolarizados» en sus deudas y en sus saldos deudores en la práctica desde hace muchos años, y más recientemente en forma legal por el Decreto 1570/2001 y la Comunicación A 3372 del BCRA.

Sin destino

Esta República, tal como está gobernada hoy, no parece tener destino.

Desde algunos sectores de la oposición se insinúa la necesidad de una reforma constitucional para salir de la crisis. Una reforma tibia y timorata, para eliminar algunos organismos o para agilizar algunos aspectos mínimos de la administración. Esto no sirve. Si hay que reformar hay que ir a fondo, con cirugía mayor. A grandes enfermedades, grandes remedios.

Lo que fuera un presupuesto fundacional histórico de la República Argentina y que conformara el actual sistema federal de gobierno, es algo que, en la emergencia y frente a la gravedad de la crisis, debe transitoriamente suspenderse. Y ello no es porque no tenga valor tal principio sino porque, en las condiciones actuales -tal es la gravedad de lo que ocurre-resulta imposible la reconstrucción del país de la forma libanizada en que funciona -hoy-el federalismo en la Argentina.

No hay manera de poder salir del pozo en el que estamos con 24 ministros de Economía con sus propios planes y concepciones, 24 planes de salud, 24 planes de seguridad, 24 cuerpos independientes de policías, con sus propios procedimientos, manuales, equipamientos, 24 emisores independientes de moneda; 24 planes viales; 24 reglamentos de tratamiento de residuos -si es que los hay-; 24 sistemas administrativos, 24 escalafones en cada una de las áreas de gobierno; 24 poderes judiciales diferentes; miles y miles de intendencias, concejos deliberantes, consejos vecinales, y tantos otros fraccionamientos con vocación autárquica que, en esta emergencia, luchan salvajemente por conservar algo de lo poco que queda para su propio territorio; tampoco con una administración central a la deriva que puja con ellos y negocia lo innegociable, a cambio de cierto apoyo legislativo para algunos proyectos de ley que, finalmente, saldrán mutilados y no cumplirán mínimamente el propósito para el cual fueron concebidos, o serán un mero objeto de trueque de favores políticos o prebendas al «clientismo» de turno; cuando no fuente de corrupción.

Suspensión

Por un período único y excepcional, motivado en la emergencia terminal que atraviesa el país, por medio de una Convención Nacional Constituyente debería suspenderse el sistema federal de gobierno por un plazo de quince años, y encarar en conjunto y con acuerdo de todos los sectores políticos y sociales (i) un plan único de emergencia para la reconstrucción del país; (ii) basado en una reforma constitucional en tal sentido; (iii) que eleve el plan de reconstrucción a rango de norma constitucional; (iv) con llamado a elecciones para un nuevo gobierno de reconstrucción y unidad nacional; y (v) con ese plan de reconstrucción y reforma constitucional como base del acuerdo, salir a renegociar la deuda externa en forma consensuada con los acreedores del exterior, reestructurando totalmente la misma, pudiendo ofrecer un plan de salida y desarrollo al país que haga la deuda «pagable».