Las altas tasas perjudican la recuperación del sector

El Impuesto sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeudamiento Empresario aumentaron las erogaciones de los tomadores de crédito en 855,1 millones de pesos, durante el transcurso de 2000. Los sectores productivos han sido los más perjudicados, porque las elevadas tasas de interés nominales y efectivas imposibilitan la toma de créditos por parte de las empresas que requieren capital de trabajo y, al mismo tiempo, continuar con la reconversión tecnológica iniciada a mediados de la década del '90. Además, al Impuesto a los Intereses se suma el del Valor Agregado y a los Sellos, entre otros ítem, que dan como resultado una tasa efectiva del tipo «usurera» desde punto de vista moral, cuando durante los últimos 12 meses, se observa un índice deflacionario de 1%.

La profunda recesión o depresión, que está por cumplir tres años, dio lugar a la paradoja de la liquidez (dice: que a pesar de existir liquidez en los bancos para otorgar créditos, los potenciales clientes ante la incertidumbre económica no aceptan los créditos ofrecidos). Este hecho se manifestó en los tiempos previos a la crisis política que impulsó a nuestro país hacia un posible default, que hasta ahora se ha podido evitar, aunque el riesgo-país sigue mostrando niveles preocupantes.

Dentro de los sectores productivos el agro no llega a demandar 9% del total del crédito otorgado en el ámbito nacional, pero es el que mayor nivel de empleo brinda en la economía (1.500.000 puestos, contra 350.000 de los sectores protegidos) y, a su vez, tiene un efecto multiplicador de tal magnitud que podría otorgar un importante impulso a la reactivación económica. Lamentablemente, este fenómeno no es considerado por las autoridades nacionales, ya que la recuperación de la competitividad anunciada no contempla en sus primeras acciones disminuir la presión fiscal a las diversas economías regionales, que se encuentran al borde del colapso social, por las dificultades financieras, económicas y de mercado que deben enfrentar los empresarios rurales para continuar en el circuito productivo y exportar sus productos; pero sí apuntan a los sectores industriales tales como textiles, vestimentas, plásticos, siderurgias, automotores y auto-partes, entre otros, que serán los primeros en gozar de un plan para recuperar su competitividad.

Antecedentes

Estas políticas activas del Estado, implementadas a lo largo de décadas por los distintos gobiernos, sólo han demostrado el alto costo que tienen los sectores eficientes de la economía, que continuarán transfiriendo recursos genuinos en beneficio de sectores sustitutivos de importaciones, como quedó demostrado en el trabajo presentado por la Secretaría de Agricultura, sobre los efectos de la política comercial externa y fiscal, sobre el sector agropecuario y alimentario argentino, cuyo monto se estimó en poco más de 5.000 millones anuales. En consecuencia, nuevamente el agro y la agroindustria serán las actividades postergadas, que hasta el momento aumentarán sus transferencias a través de la mayor presión fiscal que ocasiona el nuevo Impuesto a la Transferencias Bancarias, en las cuentas corrientes. Mientras tanto, nadie se hace cargo de los conflictos sociales que ocasiona la continua, aunque silenciosa, migración de hombres de campo a los centros urbanos. La reactivación de la economía en su conjunto requiere de la rápida utilización de todas las facultades otorgadas por parte del Congreso al gobierno, no sólo la de aplicar un nuevo impuesto.

Por ello, actuar para reducir la tasa de interés efectiva a todos los actores de la economía es primordial para comenzar a transitar el sendero hacia la recuperación de la confianza y, por ende, la económica.

Según las estimaciones realizadas por el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, la recaudación anual esperada sobre el nuevo tributo a las cuentas corrientes rondaría para el corriente año los 2.569 millones de pesos, casi 1% del Producto Bruto Proyectado, con un crecimiento esperado de 2%, aunque el año entrante el monto a recaudar se ubicaría cercano a los $ 3.800 millones. Este monto es insuficiente para consolidar la confianza en los inversores, quienes, con justa razón, nos señalan que aún no se observa una eficaz reducción del gasto público, para devolver competitividad a los sectores productivos. Para impulsar la confianza, la inversión, el consumo y mejorar la recaudación, deben reducirse las elevadas tasas efectivas de interés que rigen en el mercado de capitales; se debe eliminar el Impuesto a los Intereses, que actualmente se encuentra con una alícuota de 10% y que en el 30 de junio bajará a 8%, según las últimas modificaciones realizadas en el artículo 5 de la Ley 25.063. Es fundamental.

Impuestos

Por otra parte, también debe erradicarse el Impuesto a los Sellos para aquellos sectores en los que todavía perdura, y el Impuesto al Valor Agregado, que recae con 10,5% sobre los créditos, considerando que el Estado les debe a los contribuyentes más de 8.000 millones en concepto de saldo a favor del mencionado impuesto. De implementarse estas acciones en conjunto, la tasa efectiva pagada por los sectores productivos se reduciría en más de 3 puntos porcentuales, tomando como referencia la tasa nominal anual en pesos del Banco Nación, que se ubica en 15.7%. Además, la mayor confianza que otorgaría una reducción en los Requisitos Mínimos de Liquidez (18%) podría bajar a 15%, porque de nada sirve pretender un sistema tan rígido si las tasas son inaccesibles por parte de quienes tienen la posibilidad de invertir. Estas acciones, en su conjunto, acelerarían la inversión y al consumo. En consecuencia, actuarían como un aliciente hacia una mayor reducción de la tasa riesgo-país, y así entraríamos en un circulo virtuoso con caídas sucesivas de las tasas de interés.