Mitad de porteños no paga la tasa por los subtes

La mitad de los habitantes de Buenos Aires que viven hasta 400 metros de distancia de las nuevas estaciones de subte no paga la tasa que el Gobierno de la Ciudad les impuso por el beneficio de cercanía. Se trata de 15 mil contribuyentes (sobre 28.800) que se encuentran domiciliados en los alrededores de las estaciones Carranza, Olleros, José Hernández, Juramento y Congreso de Tucumán, todas de la línea D.

A partir de 2004, además, se incorporarán al pago de esta contribución los vecinos de las estaciones Tronador y Los Incas, de la línea B; y, más adelante, los que vivan hasta 4 cuadras de las próximas estaciones que se proyectan para la línea A, y la nueva línea H.

La tasa del subte se cobra en 5 cuotas anuales de $ 48,61 promedio. Sin embargo, la dispersión de los valores es muy grande: la cuota mínima es de $ 6 y la máxima superaría los $ 200. En total, el Gobierno de la Ciudad espera recaudar alrededor de $ 7 millones.

Este tributo comenzó a cobrarse en 2000, pero no con mucho éxito. «Es un tema nuevo, que generó baja adhesión voluntaria de pago», explicó en diálogo con Ambito Financiero, Alejandro Otero, director general de Rentas porteño.

«Se explica por varios factores. Hay un factor económico claro. Recién estamos saliendo de una crisis profunda que se empezó a revertir en el último trimestre de 2002», dijo y «también hay factores de resistencia de algunos contribuyentes a tributar este concepto, lo que va a requerir una acción más intensa para efectivizar el cobro», agregó.

La contribución por cercanía al subte tiene fundamento en la Ley 23.514, cuyo texto indica que una de las fuentes de financiamiento de las nuevas obras recae sobre los inmuebles ubicados dentro de un radio determinado a cada línea o tramo que se habilite.

El costo de la tasa no puede superar 15% del valor fiscal que tiene una propiedad (porcentaje ciertamente elevado). Pero el «precio fiscal» es distinto al de mercado. «A veces es sólo un tercio; otras 20% o 50%», explicó Otero.

Además, la ley indica no podrá exceder anualmente 20% de la contribución territorial para cada ejercicio fiscal. «Con este doble techo que impone la ley, en el caso de los contribuyentes de la línea D, la contribución es de $ 1.400.000 por año y de $ 7 millones en total», dijo el titular de Rentas porteño.

Para mejorar la recaudación de este tributo -que fue poco exitosa el año pasado-, Rentas cambió hasta el formato de la factura. Muchos se dieron cuenta recién el pasado mes, cuando la recibieron, que tenían una deuda por vivir cerca del subte.

La resistencia al pago es multada con intereses por mora. Si no se paga, se procede a una intimación y más adelante, se le da curso de ejecución legal, como ocurre con cualquier impuesto. Serían alrededor de 15 mil las personas en falta en la actualidad y unas 1.000 las que ya lo cancelaron por completo por propia voluntad o porque vendieron el inmueble.

«La contribución se justifica porque la cercanía de un inmueble a un shopping o a una boca de subte hace que se revalúe esa propiedad. Además, de la línea D, se va a recuperar como mucho $ 7 millones, por el costo de 5 estaciones, cuando el costo de una sola es de decenas de millones por mes», entendió Otero.

La reacción frente a la tasa se da al mismo tiempo que el reciente incremento de los subsidios para los trenes y subtes de $ 3,7 millones mensuales (lo que significa un total de $ 18 millones), que el gobierno otorgó como una compensación por tarifas y por el aumento de los sueldos.

A medida que se vayan habilitando las nuevas estaciones programadas para las demás líneas, llegarán nuevas facturas a quienes vivan en el radio dispuesto por ley.