PAMI yANSeS: ajustes serán más duros de lo que se cree

"En el PAMI cualquier solución que permita cumplir con la meta de una contracción de los gastos en un 30% pasa inevitablemente por una reducción de personal o por la declinación de la prestación de beneficios. En el caso de la ANSeS es diferente. Se necesita reducir también personal, fundamentalmente contratados, pero se puede bajar gastos avanzando políticamente sobre los salarios de los empleados y el fraude previsional". El diagnóstico pertenece a un alto dirigente de la Alianza, que durante la mayor parte de la campaña política que llevó a Fernando de la Rúa al gobierno, se dedicó a investigar la situación de los dos organismos, pasó por uno de ellos, y por la crudeza de la opinión prefiere mantenerse en el anonimato. Ayer las versiones eran encontradas pero, según la lógica el recorte más viable en el PAMI pasa por la plantilla de personal.

Se hablaba de un ajuste de cerca de 4.000 empleados. De esa cantidad, 1.000 pertenecerían a dos policlínicos rosarinos y otros 1.000 al servicio de ambulancias que el instituto no tiene todavía tercerizado.

• Condena

Ese dirigente mencionado al comienzo, histórico de la Alianza, no cree que sea posible cumplir con el compromiso que impone el decreto 1.006, adelantado ayer en exclusiva por Ambito Financiero, sin decisiones «políticamente difíciles de tomar para el gobierno en las actuales condiciones». «Lo que es seguro», aseguraba la fuente, «es que la rebaja de gastos en 30% supera a los gastos superfluos, que se argumentan en el decreto».

Hay un cálculo que condena al PAMI y a la cantidad de empleados. El PAMI atiende a 4 millones de jubilados y tiene más de 10.000 empleados. El Medicare -servicio de salud que maneja el estado norteamericano- atiende a 40 millones de jubilados y tiene 4.000 empleados», reflexionaba la fuente, insistiendo sobre la imposibilidad de un ajuste sin avanzar en despidos. Hay otro ejemplo más doméstico, y que por su calidad resulta algo patético para el PAMI. El sindicato de comercio de Armando Cavalieri, que precisamente no se caracteriza por ser transparente y austero, maneja 1 millón de afiliados con 1.000 empleados.

A la ANSeS no le va mejor. Se dice que sólo ajustando jubilaciones «truchas» y de privilegio, se podrían reducir gastos por más de 400 millones de dólares en lo que resta del año. La próxima provincia candidata a una investigación seria, luego de La Rioja donde hay jubilados con 29 años, sería Catamarca.

El gobierno prometió ayer que ambos casos van a ser analizados detenidamente, y por orden del FMI, en la reunión de gabinete del próximo martes.

La situación general de los dos organismos que serán objeto de la poda, es la siguiente.

• ANSeS

Según la idea del gobierno, hecha pública ayer por el nuevo interventor del organismo Douglas Lyall, el gobierno reducirá gastos por 440 millones de pesos. O por lo menos eso es lo que ayer se le prometía al FMI. El primer paso de Lyall, según él mismo declaró, fue despedir «a 150 contratados con salarios de hasta 5.000 pesos» que no cumplen funciones claras. Anunció además que se alejarían otros 200 en los próximos 15 días. El universo sobre el que quiere avanzar Lyall, son parte de los 150 empleados nombrados por el ex interventor Rodolfo Campero, otra tanda heredada de la gestión de Melchor Posse (en ambos casos algunos con salarios superiores a los 5.000 pesos) y otros 50 que habrían llegado vía Leopoldo Moreau, ligados directamente a la actividad política y que tendrían sueldos de entre 1.500 y 2.000 pesos mensuales.

• Meta

Según Lyall, con los 308 despidos, la reducción de 26 reparticiones y la reducción de salarios general del salario sector público (18% para la planta permanente y 30% para los contratados), se lograría la meta de reducción de gastos proveniente de los 250 millones de pesos presupuestados para la administración del aparato del organismo.

Sin embargo, el grueso de la reforma no debería pasar por este ítem sino por la eliminación de los bolsones de «fraude previsional endémico», según la frase del vicejefe de Gabinete Armando Caro Figueroa, y que apuntan a la administración de los más de 23.000 millones de pesos que maneja el organismo. Aparentemente, el centro de las sospechas en este caso se concentra en la transferencia de las cajas provinciales a las nacionales. Según aseguran en la ANSeS, en su momento sólo 20% de estas jubilaciones fueron controladas. En el ranking de fraude, primero se ubicarían las transferencias provenientes de La Rioja, seguido por las de Catamarca, Tucumán y algunas provincias de la Patagonia. El control que quiere efectuar Lyall, se concentrará en estos focos.

Sobre la idea de reestructurar a fondo el organismo, un ex funcionario de la ANSeS, que en su momento intentó una reforma profunda y cayó vencido por la burocracia y la falta de voluntad política, analizaba ayer ante este diario que el proyecto tiene un problema de origen para ser exitoso. «Para que pueda ser positivo un proceso de este tipo, antes hay que modificar los estatutos y procesos internos y hay que hacerlo antes de encarar el proyecto. Si no se hace, y todo se limita a echar gente, el expediente de reforma sale de una oficina y nunca llega a destino y lo termina comiendo la burocracia cuando la voluntad política desaparece y los medios dejan de interesarse sobre el tema».

• PAMI

En montos absolutos, el problema del PAMI es menor al de la ANSeS. El PAMI cuenta, según el presupuesto 2001, con 2.387,2 millones de pesos ($ 352 millones en gastos administrativos) y erogaciones proyectadas por $ 2.400 millones. Los $ 13 millones resultantes, deberían ser reducidos en el transcurso del período. Con estas cifras, Federico Polak aseguraba que para fin de año el PAMI estaría en caja.

Ahora el gobierno avanzará en otra idea «superadora de la gestión anterior», según la visión del ahora interventor Raúl Pistorio. En el PAMI el gobierno quiere reducir 30% de los gastos avanzando directamente en los salarios y ciertas prestaciones. En total serían algo más de 700 millones de pesos en menos de dos años. Según el dirigente de la Alianza, esta posibilidad, sin despedir personal del PAMI y dejando de dar prestaciones, es imposible de lograr.

Hoy por hoy los empleados del PAMI son 11.800. Aquí se suman los 900 contratados nombrados al finalizar el gobierno de Carlos Menem, y las 200 personas contratadas por la gestión de Cecilia Felgueras y su triunvirato; menos unos 100 que dejaron el organismo en la gestión de Polak. De éstos, 500 se jubilaron compulsivamente, 250 accedieron a un retiro voluntario y el resto fue despedido (en realidad algunos menos porque desde Economía no se envió el dinero para todas las indemnizaciones). Hay otro aspecto sobre el que el FMI obliga avanzar. Se habla de 22 millones de pesos de gastos en medicamentos y de prestadoras fantasmas. Estas últimas estarían vinculadas a la «financiación de la política», con lo que se asegura en el Fondo (repitiendo informes de algunos economistas) que nunca hubo voluntad de avanzar en estos controles.

Extraoficialmente, la fuente aliancista, dice sobre el PAMI que la base de las culpas por la falta de avances en la modificación del organismo en este gobierno se remontan a cuando el organismo era comandado por Cecilia Felgueras.