Política

Regresó la polémica por el uso de las armas de descarga eléctrica en la Ciudad

El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, anunció que analizan sumarlas al nuevo protocolo policial de Patricia Bullrich. Organismos de DDHH insisten que no cumplen las leyes.  "Son armas menos letales, pero no quiere decir que no maten", dijo Violeta Burkart Noé, del ODH.

Las recientes declaraciones del secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, sobre la Resolución 956/2018 por el accionar de las fuerzas policiacas reinstalaron la polémica por el uso de las armas de descarga eléctricas en la Ciudad de Buenos Aires.

"Vamos a profundizar este tema, el debate de protocolizar el uso de armas no letales, como las Taser, con la ministra (Patricia) Bullrich", señaló días atrás D’Alessandro a radio La Red.

El funcionario, a cargo de la cartera que dejó vacante Martín Ocampo tras el fallido operativo en el Monumental, no dio especificaciones, pero reimpulsó con sus dichos la compra de las pistolas para que porten los efectivos por las calles de la Capital Federal.

En marzo de 2016 la Corte Suprema de la Nación autorizó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a utilizar las armas eléctricas. El amparo rechazado había sido presentado por Carlos Pisoni, miliante de H.I.J.O.S., quien sostiene que el uso de las Taser X26 son de extrema peligrosidad al punto de constituir una tortura y que, por lo tanto, comprometía sus derechos personales -y de los habitantes de la ciudad- a la vida, la salud y la integridad física.

Less lethal weapons

Organismos defensores de derechos humanos consideran lo mismo. “Nos basamos en leyes, constituciones y pactos internacional que la Argentina debería cumplir. Lo venimos diciendo desde 2012, cuando querían comprar estas armas y no cumplen con esas normas”, dijo Violeta Burkart Noé, del Observatorio de DDHH.

“Se llaman ‘armas menos letales’ pero no quiere decir que no maten. Hay muchos casos probados concretos de muertes por las pistolas Taser, incluso en algunos países que se usaban ya se dejaron de usar. El Comité Contra la Tortura de la ONU dice que son elemento de tortura”, agregó Noé en diálogo con ámbito.com.

Los organismos de DDHH advirtieron que el uso de Taser X26 "afecta el derecho a la salud e integridad física de sus víctimas y resulta riesgoso para la vida de las personas que sufran su aplicación", en especial sobre quienes han padecido o padecen enfermedades cardíacas o similares. También manifestaron su temor por la aplicación sobre embarazadas, personas con trastornos mentales, en estado de embriaguez, con demencia senil o epilépticos.

El fabricante de Taser asegura que un disparo provoca la inmovilización instantánea durante cinco segundos. La víctima padece 19 contracciones por segundo en los grupos musculares y el cuerpo queda extenuado por el plazo de 10 minutos. No importa si la descarga se realiza sobre la ropa, la electricidad se trasmite igual. El alcance de los policías al sospechoso va de los cuatro a los diez metros. Desde más lejos no se puede utilizar. El costo es similar al de un arma de fuego. Además de EEUU, las emplean fuerzas de seguridad de Colombia, Brasil, México, Reino Unido y Francia.

Agotadas las vías judiciales en la Argentina para impedir la portación de Taser en la Ciudad, el ODH recurrió ante la Corte internacional de Derechos Humanos (CIDH) con el apoyo de numerosos dirigentes y representantes de instituciones expertos en la materia, como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Lita Boitano.

Taser X26 Pistola Eléctrica.jpg

Con la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación y las nuevas atribuciones para los efectivos federales en casos de persecución, para detener a un sospechoso o en defensa personal la polémica por las eléctricas se reavivó, pero las posturas son las mismas.

"La ODH no permite que la discusión sea si preferimos morirnos o ser torturados por la policía, no pueden ser esas las opciones"

"Queremos una policía capacitada, formada, con mirada democrática y respeto a los derechos humanos, a las instituciones y la Constitución. No queremos mano dura, represión, ni el discurso punitivas de este Gobierno, demostrado en el protocolo del miedo de Bullrich”, remarcó Burkart Noé.

En el ODH piden a la Ciudad que espere una sentencia definitiva de la CIDH antes de comprar las Taser. “Hasta tanto se logre el pronunciamiento de la CIDH, los tres poderes del Estado Argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad”, enfatizaron.

“Ninguna ideología puede fundamentar válidamente el incumplimiento de la Constitución y las leyes”, remarcaron.

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