Argentina está atravesando una sequía de enormes dimensiones, que llevará a nuestro país a perder cerca de un quinto de sus exportaciones. Este evento climático hará que la economía caiga este año en una magnitud todavía desconocida. Frente a un shock exógeno que afecta de forma inesperada al devenir económico, un Estado con margen de acción debería expandir el gasto público, elevando la demanda agregada y compensando a los sectores más impactados y/o los más vulnerables. Nuestro país tomó ese camino en 2009, frente a un derrumbe similar (20%) de las exportaciones. Sin embargo, hoy no puede hacerlo, ya que la falta de financiamiento le impide realizar una política contracíclica adecuada. Por el contrario, el acuerdo con el FMI (cuya meta fiscal permanecerá, en principio, intacta) obliga al Gobierno a ajustar el déficit. En esta nota se aportan algunos indicios de cómo puede llevarse a cabo esa -dolorosa- tarea de la forma menos nociva posible para la sociedad.
Primero lo primero: el Fondo establece una serie de metas cuantitativas de cumplimiento obligatorio para el Gobierno que le permiten a este acceder a los dólares con que repagar el enorme préstamo contraído con el organismo en 2018. La meta de resultado fiscal primario establece que este año el déficit debe bajar del 2,4% al 1,9% del PBI. Reducir el desbalance en medio punto porcentual del Producto puede no parecer una tarea difícil, pero una caída de los ingresos agrandaría el recorte necesario. En ese sentido, a) este año, a diferencia del previo, no se permite contabilizar 0,3% del PBI por rentas de la propiedad; b) la sequía reducirá de forma directa en 0,6% del PBI las retenciones; y c) la falta de reservas para importar afectará la recaudación de IVA y aranceles en las compras externas, mientras que la crisis general de la actividad golpeará al resto de impuestos. En definitiva, los ingresos aportarán poco a la contracción requerida, dejando el elevado peso del recorte del lado de los gastos.
Es sabido que la austeridad fiscal afecta a la actividad económica, particularmente cuando se aplica durante una recesión. No obstante, falto de reservas, ajeno al crédito internacional, con el mercado de deuda en pesos saturado y con el FMI encima, en 2023 difícilmente pueda escaparse a un ajuste público. ¿Cómo implementarlo sin sobre exigir las actividades y sectores más afectados por la crisis? Lejos de proponer una baja del gasto social, creo que hay otras partidas en donde indagar para arrimar la realidad a la pretensión del Fondo.
En primer lugar, de acuerdo con el Ministerio de Economía, se proyectan para este año 2,5% del PBI de gastos tributarios. Así se define a los recursos que pierde el Estado por otorgar exenciones impositivas, tratamientos diferenciales o beneficios a algunos contribuyentes. Estos surgen de normas y regímenes que, en algunos casos, fomentan actividades prioritarias, pero en otros se deben a medidas obsoletas prorrogadas en el tiempo. Quizás el más conocido sea aquel por el que los funcionarios del poder judicial no pagan el impuesto a las ganancias (cuesta 0,2 p.p. del PBI), pero también existen alícuotas reducidas de IVA para la compra de obras de arte, contribuciones patronales diferenciales para el sector salud (resabio de una pandemia concluida), exención de los inmuebles rurales del impuesto a los bienes personales y muchos otros más, por no entrar en el espinoso tema de los regímenes especiales de Tierra del Fuego. No todos estos gastos deberían eliminarse, pero sí podría revisarse la prioridad de algunos de ellos en un contexto en que los recursos públicos no alcanzan.
En segundo lugar, el sospechoso de siempre: los subsidios económicos. Estas partidas ascendieron a 2,6% del producto en 2022, a pesar de que se postergaron los pagos correspondientes a diciembre (se pagó apenas el 10% de las transferencias devengadas por “formulación y ejecución de la política energética”). Aunque estas transferencias vienen recortándose de forma segmentada, hoy en día sigue subsidiándose la energía y el transporte a amplias porciones de la población que podrían pagar por el costo de los servicios que consumen, especialmente en el AMBA. Estos gastos podrían reducirse sin afectar el acceso de la población vulnerable a la luz, el gas y el transporte público.
Por otra parte, existe un margen de mejoría posible en la administración de las empresas públicas. Es cierto que buena parte de las transferencias que se realizan para cubrir sus desbalances está vinculada al pago de subsidios (los mayores giros fueron para ENARSA, que paga por la importación de gas licuado). Sin embargo, hay espacio para disminuir el rojo de algunas de estas empresas, aliviando la demanda de recursos del Tesoro.
Una línea más del gasto en la que puede hacerse una “sintonía fina” de erogaciones es la de transferencias no automáticas a provincias. Esto debe tomarse con pinzas, ya que muchos de estos giros están preacordados por convenios y la situación es heterogénea entre distintas jurisdicciones. Además, en esta partida ya está realizándose un ajuste: las transferencias cayeron en los últimos dos años y siguieron a la baja en el primer bimestre de 2023. En cualquier caso, las provincias tienen, mayormente, superávits fiscales, por lo que podrían prescindir de parte de estos recursos.
Otra medida que podría tomarse para mejorar la gestión de los recursos del Estado es la unificación del manejo de caja de distintas entidades del Sector Público no Financiero. Hoy en día, muchos organismos cuentan con un superávit financiero (PAMI, Fondos Fiduciarios y otros tuvieron un excedente de medio punto del PBI en 2022) que invierten de forma restringida. Disminuir las regulaciones sobre estos saldos no achicaría el déficit consolidado, pero sí permitiría a la administración central contar con financiamiento para sus gastos, volviéndola menos dependiente del mercado de deuda privado. Una política de caja unificada había sido anunciada por la exministra Batakis y se estaría retomando con el decreto que establece que estas entidades deben invertir en títulos públicos del Tesoro en pesos.
Lo enumerado no pretende ser exhaustivo ni una oda al ajuste fiscal. Por el contrario, tiene el sentido de aportar algunos elementos para encarar un proceso inevitable en un año muy complicado. Aunque la meta difícilmente se alcance, para obtener un waiver del Fondo el Gobierno deberá hacer un esfuerzo en el sentido de acotar el desvío. El desafío reside en cómo hacerlo sin afectar áreas sensibles como los salarios públicos (en 2022 se ubicaron 21% por debajo de 2017), las jubilaciones y pensiones (que difícilmente crezcan debido al rezago en la fórmula de indexación) o los programas sociales, que ayudarán a mantener a buena parte de la sociedad a flote. En definitiva, las medidas mencionadas contribuirían a que el desbalance público no sea tan grande y pueda evitarse una interrupción de los desembolsos del organismo.
(*) nvestigador del CEDES
Dejá tu comentario