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A principios del Siglo XXI, el Poder Judicial se encontraba colapsado en orden al aluvión producido por los juicios reclamando el 12 y 13% de estatales y jubilados, lo que se agravara a la enésima por la crisis del "Corralito" y el "Corralón".
El panorama era sombrío de cara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por entonces presidía el Dr. Nazareno, y cuya característica central radicaba en su falta de credibilidad por la genuflexión de cinco de sus miembros, lo que derivó en que ese grupo fuera llamado "La mayoría automática". Ello así, en atención a que justificaron todos y cada uno de los debates jurídicos que tuvieran como protagonista al gobierno del Presidente Carlos Menem, incluidos los injustificables.
Al principio de la gestión del Presidente Néstor Kirchner sopló una bocanada de aire fresco que hizo que la Corte empezara a retomar credibilidad. Así, se modificó el número de miembros de la misma y llegaron a esos lugares prestigiosos juristas de diferentes ideologías y provenientes de diferentes ciencias jurídicas, más precisamente el Dr. Ricardo Lorenzetti, su actual Presidente y los Dres. Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni. Su selección fue impecable, con publicación de sus currículas, audiencias públicas y presentación de impugnaciones. El resultado fue más allá de lo esperado y, la credibilidad de la CSJN alcanzó un pináculo que era francamente impensado a fines de los 90 y principios del Siglo XXI.
A comienzos de 2006, la situación empezó a variar. Así a propuesta de la entonces Senadora por la Provincia de Buenos Aires, Dra. Cristina Fernández de Kirchner se produjo la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, reduciéndose el número de Abogados, Jueces y Académicos. Con mayor y menor estridencia se escucharon voces en contra, siendo la principal la del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que adhirió a la acción que promoviera Ricardo Mónner Sans. Dicho juicio aguarda resolución desde el 28 de agosto de 2009, fecha en la que ingresó al Alto Tribunal y, duerme aún "el sueño de los justos".
Ya en la presidencia de la Dra. Fernández de Kirchner, la relación entre el PEN y el Judicial entró en senderos sinuosos, a raíz de la tramitación ante el Fuero Civil y Comercial Federal de las impugnaciones constitucionales planteadas por el grupo Clarín sobre la "Ley de Medios Audiovisuales" y la ya famosa "medida cautelar" otorgada a favor del grupo económico por ese Fuero.
Declaraciones cruzadas, sospechas de tráfico de influencias políticas y/o económicas, y una campaña mediática sin precedentes sumió a la mayoría de los argentinos entre dos fuegos, en muchos casos sin entenderse qué se debate y cuáles son los verdaderos propósitos de unos y otros.
La resultante de todo ello, sin perjuicio de un Consejo de la Magistratura que no consigue reunirse y se encuentra paralizado desde hace muchos meses, habría producido que el Ejecutivo montara en cólera y aparecieran los seis proyectos de la mal llamada "democratización" de la Justicia.
Como corolario podemos sostener que, si bien es cierto que es imprescindible una reforma judicial a efectos de agilizar los procesos, colocar a todos en un mismo pie de igualad y modernizar "en serio" el servicio de justicia, no lo es menos que la vía elegida es inadecuada y palmariamente inconstitucional, en particular la que modifica los alcances de las medidas cautelares contra el Estado Nacional y la conformación del Consejo de la Magistratura, reformas que finalmente son opuestas a las necesidades descriptas, y a las declamadas por el Gobierno.
Las nuevas leyes judiciales se tratan, en realidad, de una tentativa de reforma constitucional encubierta, con plena conciencia de dichas circunstancias, en orden a saber y conocer que no se cuenta con los 2/3 exigidos por el art. 30 de nuestra Carta Magna para tal fin.
Ha llegado el tiempo en que los jueces argentinos tomen el toro por las astas y comiencen a dictar medidas cautelares que le pongan coto a este atropello constitucional y se den cuenta de una vez por todas que son ellos mismos quienes deben convencerse que son "independientes".
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