16 de noviembre 2017 - 22:25

Ley antimonopolio: Cambiemos apura votación para el 22-N

• INICIATIVA DE DIPUTADOS MARIO NEGRI Y ELISA CARRIÓ LOGRÓ AYER DICTAMEN EN PLENARIO DE COMISIONES
El PJ incorporó sugerencias y acompañó al oficialismo. Congreso intervendrá en designaciones. Izquierda y FpV se opusieron y presentaron despachos de minoría. Massismo pidió ley de góndolas.

Empuje. La ley antimonopolio logró dictamen de las comisiones Defensa del Consumidor, Legislación Penal, Comercio, y Presupuesto de Diputados.
Empuje. La ley antimonopolio logró dictamen de las comisiones Defensa del Consumidor, Legislación Penal, Comercio, y Presupuesto de Diputados.
Después de años sin aplicar la normativa vigente de Defensa de la Competencia, el Congreso se apresta a activar una nueva ley antimonopolio, tras el dictamen que logró ayer Cambiemos con ayuda del PJ en un plenario de comisiones de Diputados. El objetivo es votarlo el miércoles próximo y delegar la iniciativa al Senado, que no la sancionará en sesiones ordinarias aunque podría hacerlo en el "hot summer" extraordinario que comenzará desde el 10 de diciembre.

El dictamen de mayoría que consiguió Cambiemos tuvo como base la iniciativa madre de Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), que establece la prohibición de acuerdos entre dos o más competidores que quieran "concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado"; o "establecer obligaciones de 'producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes', y/o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios".

Tampoco deberán "repartir (...) asignar o imponer en forma horizontal zonas, porciones o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento"; y "establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones, concursos o subastas". Además, los actores no podrán "negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate".

Serán prácticas restrictivas de la competencia "suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario de servicios públicos o de interés público; enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado"; junto con la "participación simultánea de una persona humana en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre sí".

La ley especifica los criterios de posición dominante, cuando hay un "único oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial"; y de concentración económica, cuando "la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a 150 millones de Unidades Móviles". El valor actual de cada una -se irá actualizando- es de $15, por lo que la cifra total que se tomará es de $2.250 millones y, en ese caso, será analizado por el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Quedarán exentas de la notificación obligatoria las "adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya poseía más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, siempre que ello no implique un cambio en la naturaleza del control"; compra "de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de empresas"; y suma "de empresas que no hayan registrado actividad en el país en el último año, salvo que las actividades principales de la empresa objeto y de la empresa adquirente fueran coincidentes", entre otras.

Dentro de la Autoridad Nacional de la Competencia, funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas y la Secretaría de Concentraciones Económicas. Habrá concursos públicos y audiencias para ocupar esas dependencias -duración de cinco años para los cargos-, que deberán contar con el aval final del Senado -tendrá 60 días- como último paso, situación pedida por el PJ.

Por otra parte, el dictamen de mayoría habilita un programa confidencial de "clemencia", con reducciones y exenciones de sanciones para quienes se presenten ante las autoridades competentes como arrepentidos. En tanto, las acciones que provengan de las infracciones previstas en la ley prescribirán a los cinco años desde que se cometió el ilícito.

Para los casos de conductas continuas, el plazo comenzará a correr desde el momento en que cesó la comisión de la conducta anticompetitiva en análisis. Además, dichos plazos de prescripción de la acción se interrumpirán "con la denuncia"; "por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley"; y "con la presentación de la solicitud al beneficio de exención o reducción de la multa".

El Frente Renovador se mostró de acuerdo con el espíritu de la iniciativa, pero solicitó la incorporación de la ley de góndolas, por lo que presentó un dictamen de minoría. Así, el bloque del serpenteante Sergio Massa definirá la semana próxima si acompaña o vota en contra, situación que podría complicar al oficialismo. Mayor oposición presentaron la izquierda y el kirchnerismo, quienes también impulsaron despachos propios.

Durante los 12 años de gobierno, el Frente para la Victoria negó la Ley de Defensa de la Competencia de 1999, y el matrimonio Kirchner guardó para su lapicera ese poder de fuego.

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