26 de octubre 2018 - 00:43

G20: "Nadie dice cómo van a proteger a la gente de un atentado"

Un especialista en armas y terrorismo cuestiona el sistema de inteligencia y seguridad de la Argentina y advierte que no está mejor que en 1992 o 1994.

Nicolás Dapena Fernández
Nicolás Dapena Fernández
La confirmación de la Argentina como sede de la próxima cumbre del G-20 puso bajo la lupa los sistemas de seguridad y control antiterrorista locales a partir de la llegada de numerosos mandatarios internacionales y la consecuente atención por parte de los medios de prensa de todo el mundo. Se impone, así, el interrogante de si la Argentina está en condiciones de garantizar la integridad física de los dignatarios así como de su propia población: "el riesgo es para la población civil, no para los presidentes. Y el Gobierno no explica cómo piensa proteger a la sociedad civil de un ataque terrorista", advierte Nicolás Dapena Fernández, un exfuncionario y actual experto de las Naciones Unidas (ONU) en terrorismo y armas químicas.

Dapena Fernández se desempeñó como subsecretario de Narcotráfico de la Nación en el Gobierno anterior y luego fue designado por la ONU para tareas en Siria y Yemen. Su perspectiva sobre el sistema de inteligencia y seguridad argentino es preocupante. Avisa que la administración de Mauricio Macri "delegó en otros países" el sistema de inteligencia relacionado con el G-20 y se preocupó por cuidar a las autoridades de otros países que de por si viajan con sus propios escudos de seguridad. Y advierte que en materia de antiterrorismo el país "no está mejor que en 1992 o 1994", cuando se produjeron los mayores ataques de la historia contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA, respectivamente.

Periodista: ¿Está la Argentina en condiciones de ser una sede segura para el G-20?

Nicolás Dapena Fernández: Hay dos componentes. Por un lado al ser sede el nivel de riesgo se dispara y eso debe ponerse en conocimiento de la población. Hoy el sistema argentino está prácticamente dirigido por la inteligencia de otros países cuyos servicios están instalados desde hace tiempo. Ellos supervisan e intervienen. Incluso países que no integran el G-20 como Israel. El nivel de riesgo se incrementa porque todas las ponderaciones son objetivas. Tener semejante cantidad de líderes entre noviembre y diciembre eleva de manera crítica el riesgo. Y eso el Gobierno no se lo transmitió a la sociedad. No se trata de asustar a nadie pero sí difundir los indicadores de riesgo. El riesgo es para la población civil, no para los mandatarios. En Barcelona el ataque a las ramblas fue a la sociedad civil, al igual que el camión en Niza o el atentado de París. El riesgo del ataque terrorista no es contra las autoridades. Acá el Gobierno protege a las autoridades pero no a los civiles.

P.: ¿Los civiles están más desamparados?

N.D.F.: Claro. Todos los ataques fueron contra ellos. La elección es volcar recursos, que son limitados, a proteger a mandatarios, y queda la incógnita de quién protege al resto. Los últimos atentados que vimos son "low cost", con vehículos comunes, cuchillos, pistolas, y utilizan la atención de toda la prensa mundial que ahora está concentrada en Buenos Aires. El Gobierno no está explicando cómo protege a la sociedad civil en el G-20 de un atentado terrorista. Trump no necesita que lo protejan, ya tiene su propio dispositivo de seguridad. No viajaría si no lo tuviera.

P.: ¿Es normal que un país como la Argentina delegase en otras naciones su dispositivo antiterrorista?

N.D.F.: Puede ser normal en una cumbre de estas características. El problema es, además de aceptar esa intervención, adherir automáticamente a la política exterior de otros países y a los riesgos que ello implica.

P.: ¿Por ejemplo?

N.D.F.: La Argentina elige aliados y no aliados desde su punto de vista de intereses que no son los mismos que Rusia, Estados Unidos, Irán o Israel. O así debería ser. Hoy hay un enrolamiento sobre geopolítica que no es necesariamente la nuestra. Un ejemplo: hace unos días la UIF sancionó a un grupo criminal, Barakat, que opera en la Triple Frontera, por financiamiento de Hezbolá. El problema es que según la ley argentina Hezbolá no es un grupo terrorista, con lo cual se ignoró la legislación local y se aplicaron los listados de terroristas de otros países como EE.UU. o Israel.

P.: ¿Esto es riesgoso?

N.D.F.: Es muy peligroso. Cada país debe definir su listado de organizaciones y sujetos terroristas. Si Argentina aplica el de la ONU y en ese listado Hezbolá no es terrorista no puede sancionarla siguiendo el listado de EE.UU. por el principio de reserva legal. No puede un organismo administrativo de tercer o cuarto nivel como la UIF decidir quién es terrorista y quién no lo es en base a un alineamiento internacional circunstancial cuando eso corre por cuenta del legislador en una discusión transparente y pública. Esto no implica defender a Hezbolá, pero es muy peligroso.

P.: ¿Puede ser peligroso para la población?

N.D.F.: Al decidir ilegalmente qué organizaciones de otros países son terroristas inmediatamente los declarás tus enemigos. Eso multiplica el riesgo. Argentina hoy no está mejor que en el 92 y el 94. En ese entonces sufrimos atentados terroristas en condiciones muy similar a las actuales: poca capacitación y capacidad de reacción de la inteligencia antiterrorista; falta de desarrollo de recursos humanos; ausencia de liderazgo propio y un vínculo demasiado fuerte con la inteligencia externa; no hay jueces ni fiscales especiales antiterrorismo; no se sabe si el sistema antiterrorista depende del Ministerio de Seguridad o de la AFI, y nadie conoce la máxima autoridad en Argentina en la materia. Nadie sabe cuáles son los riesgos que Argentina percibe en este rubro.

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