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AFIP: piden que se investigue encubrimiento previo a Báez
El documento lleva la firma de Jaime Mecikovsky, quien declaró como testigo y desató una dura interna en AFIP con denuncias cruzadas.
Sánchez había sido señalado por Mecikovsky cuando declaró como testigo el 4 de mayo pasado ante Casanello. En un extenso escrito que utilizó para apuntalar su testimonio, el funcionario cargó contra Sánchez a quien señaló por responder a Jorge Capitanich y acusó de llevar adelante las maniobras para evitar que el fisco avanzara sobre Báez. Sánchez lo querelló por falso testimonio.
Pero lo relevante es la documentación que se adjuntó y la cual ahora está bajo análisis de la Justicia federal. Se trata de una orden explícita de Mecikovsky para demorar una denuncia penal y un procedimiento de cobro sobre Badial SA, la primera de las firmas del Grupo Báez que presentó irregularidades en su condición impositiva. Como principal prueba, se presentó el expediente administrativo interno de Badial en el organismo recaudador en el que Mecikovsky -quien había sido subdirector de Operaciones Impositivas del Interior desde 2001 hasta el 31 de julio de 2008- dilató el proceso de determinación de deuda por IVA y Ganancias, y anuló la "determinación de oficio" que la AFIP había realizado para avanzar en una denuncia penal por la deuda de Báez. Esa resolución data del 17 de marzo de 2008, mientras el actual titular de la AFIP, Alberto Abad, estaba renunciando al mismo cargo que ostentó durante el kirchnerismo, dos días después. El proceso finalmente quedó a la deriva y al borde de la prescripción por el paso del tiempo.
Mecikovsky, en su testimonial, agregó un comentario que salpica a Abad y es que en todas sus decisiones contaba con el aval del Administrador Federal, es decir, el propio Abad. Con el reemplazo por Claudio Moroni, se desplazó a Mecikovsky y se designó en ese lugar a Sánchez. Ese exfuncionario aseguró que en tres meses logró avanzar contra Badial en todas las actuaciones pendientes y que se efectuó la denuncia penal por incumplimientos impositivos de Báez. Mecikovsky siempre sostuvo que su voluntad de avanzar contra Báez había sido lo que motivó que fuera corrido del área. Ahora se denuncia que lejos de colaborar con la Justicia, con su testimonio, buscó "desviar" la investigación sobre el encubrimiento y desligarse de su rol en las actuaciones administrativas que terminaron beneficiando al empresario K. Badial SA
El 16 de junio de 2005 la empresa del zar de la obra pública quedó en la mira bajo la Orden de Intervención 63.540 por inconsistencias en las Declaraciones Juradas de IVA (de 2002 a 2005) y Ganancias (de 2003 y 2004). Todo ese proceso, monitoreado por Mecikovsky, culminó el 27 de junio de 2006, 375 días después. La deuda de IVA de Badial trepaba a los $ 346.453, mientras que la de Ganancias superó los $ 568.396. El plazo de prescripción de esa deuda era el primer día de enero de 2008 y 2009, respectivamente.
El 12 de febrero de 2007, desde la División Revisión y Recursos notificaron a Báez para que presente su defensa; los datos, recién presentados en abril de ese año con el plazo vencido, resultaron igualmente inconsistentes. El 11 de junio, el Servicio Jurídico recomendó avanzar en la determinación de oficio por parte de la AFIP para cobrar la deuda. Mediante las resoluciones 112 y 113 de 2007 se definió el empuje del expediente contra Báez, lo que lo dejó al borde de la denuncia penal y la emisión de la Boleta de Deuda.
Revocación
Sin embargo, con la firma de Mecikovsky el proceso sufre una alteración y se suspenden los plazos y la orden de avanzar en la denuncia por la evasión. Mediante las resoluciones 27 y 28 del 17 de marzo de 2008 se revocaron ambas determinaciones de oficio y se "abre la causa a prueba por el lapso de 30 días, proveyendo la prueba documental, pericial e informativa ofrecida por la firma Badial". Es decir que, una vez agotados los plazos, se interrumpió el proceso y se le dio una nueva oportunidad a Báez para que se defienda. Esto Mecikovsky ya lo reconoció en sede judicial, pero sólo argumentó que se trató de evitar "costas" al organismo recaudador, por un proceso que, de todas formas, era interno de AFIP. Ese curioso nuevo proceso de defensa nunca culminó.
El 16 de diciembre de 2008 se realizó la denuncia penal por evasión ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Río Gallegos. Hacía días que había asumido allí José Antonio Chan, un abogado y exdueño de una agencia de seguridad privada a quien se atribuyen numerosos vínculos con Báez. Sin la demora, el caso hubiera escalado antes.
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