Moratoria y pymes: urgente necesidad de reglamentación y ampliación

Tras la puesta en marcha de la ley de solidaridad social, resulta urgente la reglamentación por parte de la AFIP del régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras en consonancia con la Secretaría Pyme.

Previamente a analizar la temática en particular, estimo necesario hacer un breve resumen de la situación actual de las Pymes. Sobre este punto, resulta esclarecedor el último informe elaborado por la CEPAL en el año 2018 denominado “MiPymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento”, en donde señala que en América Latina las Microempresas, Pequeñas y Medianas empresas representan el 99,5% del total de las sociedades, teniendo una participación en el mercado laboral de 28%, 20% y 15%, respectivamente,totalizando entonces un 63% frente al 39% correspondiente a las grandes firmas.

En dicho documento, el actual Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, aborda puntualmente la cuestión de las Pymes en nuestro país, señalando que representan el 73% del empleo formal privado y el 52% de los puestos laborales de la economía argentina.

Asimismo, el Informe Coyuntural III publicado por la Fundación Observatorio PYME en diciembre de 2019 destaca que las deudas fiscales representan el 27% del stock de deuda total de una PYME, siendo la segunda en importancia y superada únicamente por las deudas por cadena de valor (47%). Ello fue advertido por el gobierno anterior que estableció como paliativo la suspensión de la traba de embargos a las Pymes por el término de 3 meses contados a partir del dictado de la Resolución General (AFIP) N° 4557 (B.O. 20/08/19), medida que fue prorrogada en sucesivas oportunidades (Resoluciones Generales N° 4630 y 4638) incluso por el actual Gobierno (RG 4655, B.O. 31/12/19) que mantiene la suspensión hasta el 31 de marzo de 2020.

En esa misma sintonía y al entender que esas medidas no eran suficientes,el nuevo Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, sancionado como ley 27.541 (B.O. 23/12/ 2019) cuyo Capítulo I prevé un régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras destinadas a contribuyentes o responsables “…que encuadren y se encuentren inscriptas como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias A tal fin, deberán acreditar su inscripción con el Certificado MiPyME, vigente al momento de presentación al régimen que se aprueba por la presente ley, conforme lo establecido por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del actual Ministerio de Desarrollo Productivo. Podrán acogerse al mismo régimen las entidades civiles sin fines de lucro.

Así, se establece un atractivo plan de facilidades de pago para quienes adhieran al régimen con un plazo máximo de 60 cuotas para el caso de aportes personales con destino al Sistema Único de la Seguridad Social y para retenciones o percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social y de 120 cuotas para las restantes obligaciones fiscales, difiriendo el vencimiento de la primera cuota hasta el 16 de julio de 2020. Hay más beneficios como la condonación de gran parte de los intereses y de las multas de las obligaciones regularizadas o, bien, que la cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria o aduanera en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación.

Teniendo en cuenta los beneficios fiscales señalados, en un primer momento la ley 27.541 fue recibida con gran alivio por parte de los especialistas e incluso también por los propios contribuyentes, quienes interpretaron que nuestros legisladores habían entendido la magnitud del problema que están atravesando las pymes y que significaba una bocanada de oxígeno que les permitiría mantenerse a flote un tiempo más, hasta que llegaran las soluciones más de fondo. Sin embargo, un análisis más detenido del citado texto legal, no permite identificar aún quienes son los contribuyentes qué pueden adherirse y qué queda a cargo de la AFIP y de la Secretaría de PYME la reglamentación destinada a establecer cuáles serán las empresas habilitadas a obtener el beneficio de la ley 27.541.

En los hechos, se observan ciertas problemáticas relacionadas con la registración de las Pymes, la falta de adecuación con la normativa dictada por la Secretaría Pyme, en relación con los requisitos para que una empresa pudiera ser categorizada como “Pyme”, entre otras. Sobre el registro de las Pymes, basta verificar los datos que arroja el sitio web del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación respecto de las Pymes registradas y, en ese sentido, del último relevamiento de la SEPYME, correspondiente a diciembre de 2019, se extrae que de un total de 854.000 Pymes sólo se encuentran registradas 530.000, lo que significa que únicamente se encuentran en condiciones de obtener el “Certificado MiPyme” poco más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas existentes.

Por ende, resulta ilustrativo ponderar que si bien en las grandes urbes la registración de las Pymes se encuentra arriba del 70% (caso Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe), cabe citar los casos de La Rioja, Catamarca, San Juan, provincias en donde el porcentaje de pymes inscriptas apenas llegan al 32% y el paradigmático caso de Tierra del Fuego donde dicho porcentaje se reduce a 20,6%.

Una solución posible para revertir la situación planteada, a los fines de poder facilitar el acceso a más empresas al régimen de regularización, podría generarse a través de la reglamentación de AFIP en conjunto con la Secretaría Pyme, contemplando una notificación al domicilio electrónico del contribuyente informando los beneficios de la moratoria fiscal dispuesta por la ley 27.541, así como también los requisitos para obtener el “Certificado MiPyme”, necesario para su adhesión.

Otra alternativa sería, dado el intercambio de información constante entre la AFIP y la Secretaría Pyme, que la reglamentación contemplara una suerte de categorización de oficio como Pyme por parte de la AFIP de aquellos contribuyentes que aún no cuenten con el certificado correspondiente, ello según las bases de datos del propio organismo, que permitiría adherir en forma condicional a los beneficios del régimen, otorgándose un plazo para cumplir con los requisitosestablecidos.

En relación a la problemática señalada sobre la categorización de Pyme, se advierte que los montos de facturación, de personal ocupado y activos que requiere la Secretaría Pyme, se encuentran desactualizados producto de las sucesivas devaluaciones y del alto índice de inflación alcanzado. Sobre este punto, aun cuando la Resolución N° 563/19 de fecha 06/12/19 actualizó los límites de ventas totales para ser categorizado como Pyme por la citada Secretaría, lo cierto es que la misma resulta ser insuficiente por no reflejar correctamente los efectos de la inflación ni tener en cuenta la situación de empresas que requieren insumos importados, por lo que las alteraciones en el tipo de cambio producen, necesariamente, un serio impacto en la facturación, colocándolas en una peor situación que aquellas Pymes que no cuentan con dicho tipo de insumos.

Resulta sumamente ilustrativo el cálculo efectuado por el abogado tributarista Diego Fraga, quien señala que si bien el límite superior de ventas totales tuvo una variación porcentual desde marzo del 2017 a diciembre de 2019 (última modificación) del 239% para el caso de comercio y de 229% para el caso de industrias, lo cierto es que el tipo de cambio del dólar aumentó en dicho período un 404%, pasando de $15,60 a $63.

Dicha situación es más que elocuente de modo que la reglamentación a dictar por la AFIP deberá necesariamente contemplarla y, conjuntamente con la Secretaría Pyme, se actualicen los montos de facturación, los de personal ocupado y activos, los que, por otra parte, ni siquiera fueron modificados por la última resolución de la Sepyme.

A su vez, tales parámetros tienen un efecto inmediato a nivel de impuestos provinciales, pues las distintas moratorias lanzadas por las provincias utilizan los parámetros de la Secretaría de Pyme.

También existen situaciones especiales advertidas por especialistas en la materia, referida por ejemplo al caso de cooperativas de servicios (aguas, cloacas y luz, televisión) presentes en muchos municipios, en donde su situación se ve doblemente agravada, toda vez que a la falta de actualización de los parámetros, se le suma el nivel de morosidad con el que cuentan por la gran cantidad de usuarios que no pueden pagar los servicios.

Otra caso particular es el de los consorcios, quien según lo señalado por la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), “la gran mayoría de los consorcios de propiedad horizontal están inscriptos como empleadores y muchos de ellos -producto de la crisis económica que ha generado mora en el pago de las expensas- han acumulado deudas de seguridad social pero no pueden obtener el certificado PyME dado que por sus características no son contribuyentes ni de IVA ni del Impuesto a las Ganancias, requisito esencial para la obtención del certificado”.

Esta problemática además tiene efectos en el plano penal tributario, aspecto advertido por el abogado Diego Fraga y los contadores Teresa Gómez y Julián Ruiz, fijando posición que por otra parte comparto, en cuanto generan discriminaciones arbitrarias porque frente a un mismo delito cometido, una empresa que cuenta con el “Certificado Mipyme” tendrá extinguida la acción penal, en tanto y en cuanto cancele la deuda y otra que, por las problemáticas antedicha, no pueda acceder al mismo, continuará sometida a proceso.

Otra solución posible, frente a la limitación del beneficio a aquellas empresas que cuenten con “Certificado Pyme”, es el tratamiento en sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, de una ampliación del universo de contribuyentes que puede adherir a la moratoria habida cuenta que se trata de una regulación que no debeestar a cargo dela AFIP, pues podría ser interpretado como una violación a los principios constitucionales de legalidad y de igualdad ante la ley.

Para concluir, resulta urgente la reglamentación por parte de la AFIP del régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras según la ley 27.541 en consonancia con la Secretaría Pyme de manera de contemplarlos mecanismos que posibilitaran la adhesión a la moratoria de la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas posibles y, consecuentemente, redundará en una mayor recaudación para el Estado Nacional y se reducirá el actual nivel de litigiosidad.

(*) Abogado especialista en temas tributarios

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