Rodolfo Canicoba Corral Pan American Energy (PAE) apeló la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral que rechazó la semana pasada un pedido de nulidad presentado por esa petrolera en relación con medidas tomadas en la causa por el presunto pago de sobornos para extender el contrato de Cerro Dragón.
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Con el patrocinio de los abogados Carlos Arslanian y Germán González Campaña, el presidente de PAE, Carlos Bulgheroni, reiteró en segunda instancia el pedido de nulidad de medidas tomadas en la causa por el fiscal Guillermo Marijuan. Entre ellas figura un procedimiento realizado por Marijuan en Rawson para recolectar documentación del supuesto pago indebido a funcionarios por parte de PAE, durante el Gobierno de Mario Das Neves.
La petrolera solicitó la nulidad de todo lo actuado en la causa, a excepción de lo vinculado a la traducción de un exhorto, con el argumento de que las actuaciones se originaron en enero sin habilitación de la feria ni notificación a las partes. Canicoba Corral consideró en cambio que la investigación preliminar se dispuso "con sustento en la normativa que ampara las funciones del Ministerio Público Fiscal".
Por otra parte, el diario El Patagónico, de Comodoro Rivadavia, reveló que el fiscal de Estado de la provincia, Miguel Montoya, se reunió con el juez y entregó un escrito solicitando que Chubut sea querellante en la causa. Pidió también que se cite a declarar al exgobernador y actual diputado nacional Mario Das Neves y otros exfuncionarios provinciales que intervinieron en el proceso por el cual la extensión del contrato de Cerro Dragón se resolvió 10 años antes de su vencimiento y por 20 años prorrogables por otros 20. También solicitó la declaración del que fue ministro de Coordinación de Das Neves, Norberto Yauhar, y de expresidentes de Petrominera, la empresa de energía provincial del intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, y el exsecretario de Hidrocarburos, Sergio Bohe.
Además, Montoya aportó pruebas a la Justicia federal, como documentación que demostraría que se fraguó un informe de reservas elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo, maniobra que, según consideró, se habría llevado a cabo en el Ministerio de Coordinación.
Según el funcionario, esa casa de estudios "reconoce como propia la fecha de 2005, no así la de 2006 y 2007" en los informes sobre los que se fundó la extensión del contrato por 40 años.
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