Buenos Aires - En el marco de un paro del campo en suspenso y de medidas de fuerza de trabajadores portuarios, el Gobierno de Daniel Scioli acelera el proceso de revisión de la flamante ley de reforma fiscal, de la mano de una serie de reuniones con ruralistas y con empresarios y trabajadores del sector portuario, para consensuar la mitigación del impacto del nuevo gravamen sobre los puertos y eventuales correcciones en el alza del Inmobiliario Rural.
Con ese objetivo, el ministro de la Producción bonaerense, Martín Ferré, recibió ayer por la mañana a dirigentes rurales, mientras que por la tarde fue el turno de representantes gremiales de todos los puertos bonaerenses. Hoy, en tanto, mantendrá un encuentro con empresarios de los puertos privados.
Gira sorpresiva
Por su parte, el titular de Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich, realizó ayer una sorpresiva gira por municipios ligados al agro del norte de la provincia -donde se concentra parte de la producción sojera y maicera argentina- y prometió correcciones en la reciente reforma fiscal.
El funcionario -que reemplazó al crítico Emilio Monzó- tomó contacto por primera vez con los jefes comunales de Pergamino, Colón, Rojas, San Andrés de Giles y Exaltación de la Cruz y sondeó el estado de la recaudación del Impuesto Inmo-biliario Rural en esas jurisdicciones.
En las reuniones, donde fue interpelado varias veces por los productores, Franetovich insistió en que trabajará para facilitar el acceso a los planes y subsidios nacionales. Según fuentes ruralistas, el ministro aseguró que habrá una «ley superadora» que corregirá artículos ríspidos. El próximo jueves, a las 14, se reunirá con los integrantes de la Mesa Agropecuaria Provincial.
En este marco, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado bonaerense, Patricio García, sostuvo que la «aplicabilidad de la reforma es a partir de 2010». «Hay tiempo de trabajar en el marco de una comisión bicameral, escuchando al sector rural y teniendo en cuenta los parámetros de recaudación previstos por la provincia», agregó.
Sin embargo, en el agro bonaerense los tiempos son los de un compás de espera, con medidas de fuerza en suspenso, mientras se corrige la ley. El pasado viernes, Scioli acordó con las entidades del campo que no promulgará la reforma fiscal hasta tanto la comisión bicameral modifique los artículos cuestionados por los ruralistas.
Las discusiones giran en torno a la reciente sanción de un impuesto a la carga y descarga de mercadería en los puertos (artículo 26), con el que la provincia pensaba recaudar entre $ 500 y $ 700 millones anuales y que es cuestionada por representantes del sector y por representantes agrarios (que alegan que castigará el bolsillo de los productores).
Según fuentes oficiales, hasta ayer no había sido consensuada aún la fórmula definitiva con la cual el Gobierno buscará atenuar el impacto del impuesto sobre la competitividad de los puertos bonaerenses, en relación con las terminales de las provincias vecinas. No obstante, consideraron que podría haber anuncios oficiales esta semana.
Paro portuario
Mientras tanto, las medidas de fuerza continuaron ayer en el puerto de Bahía Blanca, donde los trabajadores decidieron avanzar en las conversaciones en medio de un cese de actividades.
Los dirigentes del campo también cuestionan el alza del 30% promedio en el Impuesto Inmobiliario Rural. En ese marco, hoy habrá encuentros clave en el marco de la comisión bicameral, a los que también asistirán autoridades de ARBA y dirigentes rurales. Según trascendió, se evalúa la posibilidad de aplicar un mecanismo para evitar que sean revaluados los inmuebles rurales y que, en todo caso, se decida un alza con otro sistema para atender las necesidades fiscales de la provincia.
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