Acusaciones cruzadas, y un sistema carcelario colapsado

Santiago del Estero (especial) - El grave y sangriento motín que estalló el domingo en el Penal de Varones de la capital provincial desató ayer una serie de acusaciones cruzadas entre autoridades penitenciarias y provinciales y reclusos respecto de las causas que originaron el sangriento episodio.
Según la lupa con la que se miró al trágico episodio, fue un intento de fuga frustrado o de una reacción de los presos por los malos tratos y las serias demoras en las causas judiciales.
Sin embargo, mientras avanza la investigación judicial -que analiza también por qué se retrasó la llegada de las autobombas al lugar- pesó fuerte la certeza de que se trató de un nuevo coletazo de la grave crisis carcelaria que atraviesan las provincias.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonel Armando Suárez, aseguró que el penal se encontraba «al límite de su capacidad operativa» y que sus pabellones son una «trampa mortal».
«El pabellón 2 no estaba destinado a presos de alta peligrosidad» y «el edificio es obsoleto», agregó respecto de una cárcel que tiene capacidad para cerca de 180 reclusos pero que albergaba a 480. La mayoría de los presos afrontan muy lentas causas que se encuentran hoy en instancia de juicio oral.
En esa línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aseguró ayer que las muertes ocurridas en el motín son «responsabilidad del Estado» y que «se explican por la falta de medidas de prevención y las graves condiciones de hacinamiento que caracterizan a las unidades penales provinciales».
Según el CELS, la unidad penal santiagueña sufre una superpoblación de 122%, y de las más de 400 personas alojadas, «276 están detenidas sin sentencia firme».
Por su parte, el vicegobernador Emilio Rached habló de «tragedia» y recalcó que el penal es una «de las pesadas herencias» de gestiones anteriores por ser un edificio «superpoblado». Además, recordó que el gobierno provincial tiene previsto concluir a fin de año la prisión de Colonia Pinto, inaugurada durante la intervención federal de Pablo Lanusse.
En este tenso marco, para fuentes oficiales -incluido el propio ministro de Gobierno, Ricardo Daives- se trató en principio de un intento de fuga frustrado de tres reclusos que habrían pretendido escapar del penal a bordo de un camión, aunque fueron descubiertos por los agentes del Servicio Penitenciario y llevados a un «calabozo de castigo».
Según esta visión, los compañeros de celda habrían reaccionado entonces contra los efectivos, iniciando la quema de colchones y sábanas en el pabellón 2, donde murieron 33 reclusos.
Sin embargo, los presos aseguraron que la protesta se desató con motivo de los malos tratos de los guardias hacia internos y sus familiares, e incluso identificaron en una carta a cinco oficiales como los agresores. Un grupo de familiares, en tanto, afirmó que las visitas fueron interrumpidas abruptamente a las 17 del domingo, lo que derivó -dijeron- en el motín.
Esta versión fue reforzada por la defensora oficial de la III Nominación santiagueña, Laura Suárez, quien recordó la existencia en lo que va del año de cuatro denuncias en ese sentido presentadas ante el Superior Tribunal de Justicia. La línea fue sostenida, además, por el secretario de Derechos Humanos del obispado santiagueño, Sergio Lambertti.
Una tercera hipótesis barajada desde la noche del domingo inclusó apuntó a vincular el conato de rebeldía con el juicio por el doble crimen de La Dársena, que se llevaba adelante por estos días en capital provincial y que involucra a figuras del juarismo y de la policía provincial. Esta variante apunta a un supuesto intento de desviar la atención pública del caso, o de agredir a algunos de los implicados, cinco de los cuales se encontraban alojados en ese penal.