Apelan hoy suspensión de norma

Pese a las críticas que en su momento cosechó el proyecto, organismos de derechos humanos celebraron el hecho de que la pobreza «dejara de ser motivo de internación» en una provincia en la que más de 10 mil niños y adolescentes están privados de su libertad por cuestiones asistenciales.Esta facultad de internar a los jóvenes en institutos de menores por causas que no son penales está reglamentada por el Decreto-Ley 10.067 del último gobierno militar, pese a ser inconstitucional.
Mediante un recurso de reposición, el gobierno de Felipe Solá pedirá a la Corte que revea su postura y elimine la suspensión que aplicó el lunes a la ley provincial, sancionada en diciembre por la Legislatura.
En rigor, el máximo tribunal bonaerense hizo lugar a un pedido elevado por la procuradora general de la provincia, María del Carmen Falbo, quien solicitó la suspensión «hasta tanto el Poder Ejecutivo disponga de los organismos y recursos técnicos y materiales previstos en la norma».