Buenos Aires - La Legislatura bonaerense suspendió ayer oficialmente por 60 días el cobro del «impuesto a la riqueza» en la provincia, una virtual rebaja impositiva aplicada por el gobierno de Daniel Scioli, que beneficia a los sectores más pudientes. En una jornada maratónica, en la cual también se incluyó la sanción del presupuesto 2008, la ley impositiva y otros instrumentos legales, ambas cámaras avalaron con su voto a Scioli en el freno a la aplicación del polémico tributo que por medio de alícuotas especiales grava a los patrimonios superiores a los $ 500 mil y que la semana pasada fue objetado por la Corte Suprema de Justicia. Diputados y el Senado sesionaron simultáneamente para resolver en una tarde la serie de leyes solicitadas por el Ejecutivo. La Legislatura -con el bloque PJ unificado- está demostrando docilidad con el nuevo gobernador: en semanas previas ya habían dado aval a la creación de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), la reforma ministerial y la Ley de Administración Financiera. Pese a la dilatada sesión de ayer, los legisladores no lograron ganar todavía el pase a sus vacaciones, ya que la semana que viene también se sesionaría en forma extraordinaria para discutir leyes complementarias vinculadas al presupuesto y a la ley impositiva. Por su parte, no está descartado que comience el proceso de creación de las «medidas necesarias para suplir» el impuesto a la riqueza, según fue argumentado por el sciolismo cuando se anunció el freno al cobro del tributo creado en marzo pasado, a instancias del ex gobernador Felipe Solá. La suspensión del «impuesto a la riqueza» operará, en rigor, como una suerte de baja de impuestos en la provincia. Los afectados son 110 mil contribuyentes, con patrimonios superiores a $ 500 mil tomando en cuenta propiedades dentro y fuera del país. Representa $ 150 millones al año, según las proyecciones 2008, es decir, apenas 1% de los 15.000 millones esperados como ingresos totales de recaudación. De marzo hasta la fecha sólo 27% de universo de contribuyentes pagó, sumando en total unos $ 87 millones, los cuales deberían ser reintegrados por la provincia. De todos modos, aún resta conocer el fallo de la Corte sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad o no del tributo. Hasta ahora el Alto Tribunal sólo indicó suspender el cobro en dos casos puntuales, pero el gobierno bonaerense no tiene un buen pronóstico sobre la decisión final y por eso ordenó el freno por 60 días.
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En lo que respecta a la «ley de leyes», el sciolismo se tomó el trabajo de revisar el proyecto que había entregado Solá antes de dejar su cargo, asegurando que fue redactado en forma inconsulta. El presupuesto aprobado ayer por el oficialista PJ -rechazado por la Coalición Cívica y aceptado sólo en general por la UCR y el PRO- contiene un gasto primario de $ 33.435 millones y estima recursos totales en $ 32.764 millones de pesos, con un déficit primario de $ 671 millones. A su vez, prevé una autorización de endeudamiento por $ 2.861 millones, para amortizar el pago de obligaciones de deuda. En materia de números, se sabe que las dificultades económicas de Scioli superan estos datos, ya que al incluir la expectativa real de aumentos salariales, el rojo termina trepando $ 5.000 millones. Los más pesimistas incluso deslizan un pronóstico peor, con déficit de $ 8.000 millones. El salvataje deberá llegar por medio de la reprogramación de deuda que se negociará con Nación, como sucede cada año, junto a una potencial colocación de deuda en el exterior y, además, el esperado avance de la recaudación propia, cuyos números estarían subestimado, copiando la costumbre del gobierno nacional. La sesión de ayer también sirvió al oficialismo para aprobar la emergencia Edilicia Judicial, la prórroga emergencia del Servicio Penitenciario bonaerense, la creación de la figura de Defensor del Pueblo y el Trámite Unico Simplificado Empresario (TUSE), entre otras leyes.
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