En todos los casos se trata de reclamos por subas salariales, enmarcados en el puntapié que en marzo lanzó el ministro de Educación, Daniel Filmus, de manera inconsulta, mediante el cual forzó a las provincias a subir a $ 1.040 el básico de los maestros. Esa maniobra del funcionario -en plena campaña por la intendencia de la Ciudad de Buenos Aires- nacionalizó una escalada de demandas que tuvo su pico más grave en las provincias de Santa Cruz y Neuquén, donde resultó muerto el docente Carlos Fuentealba en medio de una manifestación. Ahora, con el horizonte centrado en las elecciones de octubre, el gremio de combate más sensible para la sociedad vuelve a la carga y amenaza con convertirse, nuevamente, en un dolor de cabeza para varios gobernadores. Pero esta vez la cuerda parece estar más cerca de cortarse: casi la totalidad de las provincias atraviesa ya una delicada situación financiera producto de los sucesivos aumentos salariales otorgados el año pasado y el corriente, que empujaron el gasto a niveles deficitarios.
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