Arranca cobro de nuevo impuesto

La nueva imposición alcanzará a entre 100 mil y 120 mil propietarios de inmuebles y a unos 20 mil titulares de automotores, los cuales son detectados por medio de declaraciones juradas de los bienes que poseen en la Argentina y el exterior.
Según trascendió, la sobrealícuota comenzará a cobrarse el mes próximo o a más tardar en julio, tal como estaba previsto por el gobierno provincial.
Se trata del cobro de una suma extra sobre los tributos Inmobiliario y automotor. El plus será de 0,25% para patrimonios de entre $ 500 mil y $ 700 mil, 0,50% para los ubicados entre
$ 700 mil y $ 1,2 millón, y 0,75% para aquellos superiores a $ 1,2 millón.
Para calcular el patrimonio de los contribuyentes se exige la presentación, al 31 de diciembre de cada año, de una declaración jurada consignando el importe total y la composición de bienes. Se tomarán en cuenta todos los del contribuyente, dentro y fuera del país. Para este año se tomará como fecha de corte diciembre de 2006.
En lo que respecta al valor de las propiedades, regirán los surgidos del revalúo 2005, que se acercan en 60% y 70% a los precios de mercado de las propiedades. En el caso de automóviles y embarcaciones, se tendrán en cuenta los valores que actualicen anualmente las aseguradoras.
Con la futura reglamentación de la ley se definirá si la alícuota extra se abonará en un pago o si se establecerán hasta seis pagos.
La aprobación de la ley de reforma impositiva se dio una semana después de la llegada al gobierno del nuevo ministro de Economía, Carlos Fernández, un nombramiento que acercó a Solá a la Casa Rosada, tras el alejamiento de Gerardo Otero en medio de fuertes críticas hacia el control de finanzas provinciales por parte del gobierno federal.
 Riqueza
A su vez, la aprobación de la reforma impositiva se dio tres meses después de que el gobernador hiciera pública su intención de generar un impuesto a «la riqueza» que reemplace a partir de 2010 al de Bienes Personales que ahora cobra Nación. Esta iniciativa cayó, entre otros temas, porque Nación le bajó el pulgar, argumentando el riesgo de una «doble imposición».
Además, en la Casa Rosada no querían que el ejemplo de Buenos Aires se extendiera a otras provincias y avance una reforma impositiva nacional que ponga fin a la actual delegación de potestad recaudatoria.