El nuevo banco «consistirá en una sociedad anónima con mayoría estatal en acciones, en miembros de su directorio y en asambleas societarias», según establece la normativa, que fue aprobada en la noche del miércoles con el voto favorable de todos los diputados a excepción de los del Partido Demócrata. La iniciativa establece que 51 por ciento del capital accionario correspondiente al sector estatal «no podrá ser transferido por ningún título», en tanto que también se instruyó al Ejecutivo mendocino para que «en la operatoria que autoriza esta ley se prevean mecanismos para que participen en el banco las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas que se interesen mediante la adquisición de hasta 49% de acciones». La entidad financiera comenzaría a operar en 2007 y se denominará Banco de la Provincia de Mendoza. El gobernador Cobos dijo que ya recibió ofrecimientos para radicar una sucursal en China. Funcionará «como banco comercial, orientado a la inversión y desarrollo, adaptándose en dichos términos a la Ley de Entidades Financieras y a las regulaciones respectivas del Banco Central de la República Argentina (BCRA)», indica la letra de la nueva ley. Entre un pormenorizado detalle sobre la composición del directorio, la integración del capital inicial y la orientación de préstamos con sus respectivas garantías se establece que el gerenciamiento operativo y el personal «serán seleccionados por una consultora especializada en recursos humanos bancarios». Con esta ley, el gobierno posee ahora el marco legal para avanzar en pasos más concretos como infraestructura, recursos, edificio y carta orgánica de la entidad, entre otros.
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Créditos La ley aprobada permite que todos los empleados públicos de la provincia puedan pedir préstamos personales, que podrán ser devueltos mediante descuentos por bono de sueldo. El banco gozará de exclusividad para utilizar este mecanismo de cobro con relación a otras entidades bancarias. También se permitirá a los funcionarios pedir préstamos, siempre y cuando los mismos no se destinen a emprendimientos productivos personales. «El banco tendrá prohibido prestar asistencia financiera de cualquier tipo a las empresas de propiedad o en la que tengan participación mayoritaria los funcionarios públicos electivos nacionales, provinciales y municipales, ministros y subsecretarios del Poder Ejecutivo provincial», indica la ley.
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