Santa Cruz - En medio de tensas negociaciones para intentar destrabar el autoacuartelamiento policial que cumplió 11 días, el gobernador justicialista Daniel Peralta aseguró ayer que pese a que este conflicto «casi ha dejado sin seguridad a la gente» en la provincia, «los delitos no se han incrementado» (ayer ofertó una contrapropuesta, que evaluaban los efectivos).
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«Quiero agradecerle mucho a la sociedad de Santa Cruz porque en todo este conflicto que casi ha dejado sin seguridad a la gente -los servicios han sido mínimamente prestados por oficiales superiores-, los delitos no se han incrementado, y eso implica un comportamiento de los ciudadanos que hay que tener en cuenta», afirmó.
En esa línea, destacó que «la sociedad entendió que es una situación delicada y que, en el marco de esta circunstancia, las normas de convivencia se han puesto de manifiesto».
La protesta derivó en guardias mínimas en las comisarías de toda la provincia y en la falta de patrullajes en las calles, mientras los díscolos actúan sólo en casos de emergencia.
En paralelo, respecto de la posibilidad de pedir apoyo a fuerzas federales para garantizar la seguridad, Peralta dijo que «aún no», dejando abierta, sin embargo, esa puerta. No obstante, reveló que «la Gendarmería Nacional, con hombres de Santa Cruz, ha reforzado las posiciones de control que ellos tienen sobre las rutas y los ingresos a nuestros pueblos, especialmente el de Caleta Olivia, que nos tenía muy preocupados».
En este marco, ayer no se descartaban inminentes cambios en la cúpula policial, luego que en la noche del miércoles rodó la cabeza del secretario de Seguridad provincial, Alejandro Martín.
Por la tarde se reanudaron las conversaciones con los líderes policiales rebeldes (en la noche del miércoles concluyeron a las 23), mientras efectivos y familiares desplegaron una nueva movilización por las calles de Río Gallegos para amplificar sus reclamos.
«Nosotros dialogamos desde el primer minuto porque el conflicto lo amerita, y por eso el gobernador está al frente del diálogo y vamos a continuar en ese esquema», remarcó Peralta.
En paralelo, el titular del Ejecutivo confirmó que le aceptó la renuncia a Martín, que tal como lo anticipó ayer este diario se alejó el miércoles del rol de secretario de Seguridad provincial, al que había arribado el 23 de abril.
Por el momento, el cargo quedará acéfalo, mientras -remarcó el mandatario- la responsabilidad policial será exclusiva del jefe de Policía, Jorge Hassan, y la conducción política estará en manos de la ministra de Gobierno, Paola Knoop.
«La renuncia la conversamos y fue una decisión conjunta; ni yo se la pedí ni él la ofreció», afirmó Peralta.
Ante la perpetuación del conflicto y la falta de avances en las febriles conversaciones, el gobernador decretó el pasado martes el otorgamiento a los uniformados de una suma fija por única vez de $ 800 -a liquidarse entre julio y diciembre- y de un aumento en el «valor punto» -que se aplica para calcular el salario de la fuerza- desde enero de 2013.
Pero los efectivos rebeldes rechazaron el decreto y confirmaron la medida de fuerza. Ayer, Peralta ratificó los términos de ese decreto, aunque insistió en su predisposición a negociar.
El miércoles, desde el Gobierno santacruceño se anunció la decisión de aplicar sanciones administrativas y descontar los días no trabajados. Sin embargo, ayer Hasan sostuvo que «desde la Jefatura de Policía no se ha dispuesto ningún tipo de medida disciplinaria ni económica».
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