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3 de enero 2007 - 00:00

Complican a Solá con más cargos

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Buenos Aires - La sanción del Presupuesto provincial 2007 sigue dando dolores de cabeza al gobernador Felipe Solá. La debatida aprobación que concedió la Legislatura en la madrugada del pasado jueves incluyó la creación de 1.200 nuevos cargos públicos, que implicarán un mayor gasto para el Estado, y la asignación de fondos extra para ex piqueteros.

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La venia que ambas cámaras dieron al Presupuesto coincidió con la postergación que sufrió la reforma impositiva propuesta por Solá, con la cual el Ejecutivo espera recaudar $ 300 mil extra sobre la base de reforzar la presión sobre los contribuyentes de más alto nivel económico.

El agregado de cargos públicos implicó un cambio en la letra del proyecto original redactado por el gobierno de Buenos Aires, por lo que Solá estudia la posibilidad de un veto parcial. El proyecto de Presupuesto original disponía la creación de 7.292 cargos, en su mayoría destinados a los ministerios de Justicia y de Seguridad y al Poder Judicial. La ley aprobada la semana pasada dispone 1.200 cargos extra: 700 para la Corte Suprema y 500 para la Procuración.

  • Más partidas

  • Además, entre los agregados que los legisladores incluyeron -en total, siete artículos- se observan más partidas para áreas como la Jefatura de Gabinete (de $ 15,1 millones a $ 18,1 millones), fondos que serán para el Consejo de Integración Social, que articula el trabajo entre el Estado y las ex agrupaciones piqueteras y es monitoreado por el vicejefe de Gabinete, Emilio Pérsico. Otro organismo favorecido es el Consejo de la Magistratura -integrado, entre otros, por diputados y senadores-, que contaba con $ 2,4 millones y ahora recibirá $ 500 mil extra.

    Los legisladores también aprobaron un «indulto» para los funcionarios provinciales, municipales o de entes públicos que tienen causas pendientes de resolución en el Tribunal de Cuentas por la administración de los fondos que tenían a su cargo, y una condonación de deudas a las comunas por el dinero que debían girar al Estado bonaerense por el cobro de multas por infracciones de tránsito, según publicó ayer el diario «El Día».

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