De esta forma, la intendencia no impulsará una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (tras un fallo a favor logrado por la provincia), y otorgará en cambio al gobierno de Cobos los permisos municipales necesarios para la construcción del penal.Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que en un plazo máximo de siete años se analicen los impactos reales del complejo penitenciario sobre la zona de Campo Cacheuta. Entonces se evaluará la posibilidad de continuar con el emplazamiento carcelario en ese sitio, o destinar la estructura edilicia para otros fines.
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