La Justicia Federal confirmó la identidad de cuatro mujeres y cuatro hombres secuestrados en 1976, cuyos restos fueron hallados en Loma del Torito, junto al mayor centro clandestino del interior del país. “Encontrarlos es como una caricia al alma”, sostuvo un familiar en la conferencia de prensa.
Los rostros de los últimos ocho identificados en el centro clandestino La Perla, en Córdoba.
Los Tribunales Federales de Córdoba fueron por tercera vez el escenario en donde estuvieron familiares de desaparecidos sentados en primera fila, fotos en blanco y negro sostenidas sobre el pecho y un juez que leyó nombres que durante medio siglo fueron ausencias.
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Este viernes 23 de octubre, el titular del Juzgado Federal N° 3 Miguel Hugo Vaca Narvaja dio a conocer las identidades de ocho personas desaparecidas durante la última dictadura cuyos restos fueron recuperados en Loma del Torito, un sector lindero al predio donde funcionó La Perla, dentro de la Guarnición Militar La Calera.
Lo acompañaron en la mesa la investigadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Silvana Turner, a cargo de las tareas en Córdoba; la genetista Laura Catelli; la responsable del Servicio de Antropología de la Justicia cordobesa, Anahí Ginarte; y el geólogo Guillermo Sagripanti, consultor del equipo.
Con este anuncio, el número de víctimas identificadas desde que el EAAF comenzó a trabajar en la zona, en septiembre de 2025, llegó a 38. Las familias fueron notificadas en privado antes de que los nombres se hicieran públicos. Vaca Narvaja repasó la secuencia, al señalar que los primeros huesos aparecieron el 22 de septiembre del año pasado y todo lo que hoy pasa por los laboratorios sale de aquella recolección, que primero dio doce nombres, después diecisiete y luego uno más. A eso se suma lo que se extrajo en la campaña de excavación de este año, que todavía espera su turno para el análisis genético.
Para el juzgado, explicó el magistrado, cada identificación tiene además un peso jurídico concreto porque pone punto final a un delito que la ley considera permanente mientras la persona siga sin aparecer. La desaparición, en esos casos, deja de ser una figura abierta.
El dato que más pesó en la investigación reciente es que estas ocho personas no tenían relación entre sí porque fueron secuestradas en distintos momentos de 1976, en lugares diferentes de la provincia y en operativos que no estuvieron conectados. Para los investigadores, esa dispersión refuerza la hipótesis de que los cuerpos fueron removidos con maquinaria pesada a comienzos de 1979, cuando la dictadura se preparaba para recibir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó al país en septiembre de ese año.
La lógica era borrar la prueba más contundente de lo que el régimen negaba. Vaca Narvaja lo planteó en términos de derrota de ese plan: "Los militares creyeron que con palas mecánicas y camiones se llevaban los crímenes pero la genética aplicada a fragmentos mínimos terminó desarmando la maniobra". El juez agregó que el expediente sigue abierto para establecer adónde fueron a parar aquellos camiones y que ya hay indicios y testimonios que apuntan a posibles destinos.
Lo que dejó esa remoción fueron miles de fragmentos óseos mínimos, mezclados y dañados que el trabajo antropológico y genético reconstruye poco a poco, con el aporte del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Archivo Provincial de la Memoria. El magistrado recordó también que, en tandas anteriores, aparecieron personas que ya estaban desaparecidas en 1975, antes del golpe de Estado formal, del 24 de marzo de 1967.
En la misma conferencia, el juez recordó también a Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, cuya identificación se había confirmado en agosto. Tenía 22 años, estudiaba Psicología, trabajaba en IKA-Renault, militaba en el PRT y tenía una hija pequeña. Lo secuestraron el 5 de mayo de 1976 en barrio Alberdi.
Cuando los familiares tomaron la palabra, la conferencia cambió de tono. Hubo voces que se cortaron a mitad de frase y largos silencios antes de poder seguir. Sebastián Soulier, aquel bebé de cinco meses, habló como hijo y como querellante. Dijo que después de medio siglo la tierra empezó a entregar lo que guardaba, y que detrás de cada uno de los 38 nombres hay una familia que por fin recibe una respuesta. “Encontrarlos es como una caricia al alma en estos tiempos tan duros”, resumió.
La hermana de Néstor Acosta atribuyó la identificación a décadas de insistencia de las familias y de los organismos de derechos humanos que nunca dejaron de reclamar justicia. Agradeció a los antropólogos, a los genetistas y a los juzgados y se comprometió a seguir buscando a los que todavía faltan porque, dijo, “los desaparecidos nos faltan a todos”.
Rosa Miriam Ludueña, sobrina de Pascual, planteó que la verdad, después de tanto tiempo sujeta, empieza a circular sin ataduras, y que eso acerca a la paz y a la justicia. Pidió que estos hallazgos sirvan para sacudir a quienes siguen indiferentes y para sostener el Nunca Más.
María Mercedes, hermana de Mara Salto, contó la alegría de recuperar aunque sea una porción mínima de su hermana y de poder llevarla de vuelta a Cipolletti, la ciudad donde nació.
El relato más estremecedor fue el de Graciela, hermana de Cecilia Pessina. La noticia la sorprendió la semana pasada porque estaba convencida que Cecilia había sido enterrada en otro lugar porque ningún sobreviviente recordaba haberla visto en La Perla. Lo que apareció entre la tierra removida fue un metacarpo de su mano derecha. “Yo lo llamo ‘el huesito que habla’”, contó. Ese hueso dice justamente lo que nadie había podido probar y es que Cecilia pasó por ahí, que la secuestraron y que la mataron. Su caso confirma, además, que el campo ocultó a personas de las que no quedó ni un testimonio.
La Perla funcionó a la vera de la ruta nacional 20, en el camino entre la capital de Córdoba y la turística Carlos Paz, en terrenos del Ejército. Dependía del Tercer Cuerpo que conducía Luciano Benjamín Menéndez y lo operaba el Destacamento de Inteligencia 141. Estuvo activo entre 1976 y 1978 y por allí pasaron, según las estimaciones, entre 2.200 y 2.500 personas. La gran mayoría sigue desaparecida.
Era un engranaje central del exterminio en Córdoba porque allí se interrogaba, se torturaba y se decidía el destino de los secuestrados, que en la jerga de los represores eran “trasladados”, un eufemismo para el fusilamiento y el enterramiento clandestino en los campos aledaños. Los sobrevivientes describieron una cuadra con colchonetas en el piso, prisioneros vendados durante meses y salas de tortura a pocos metros.
Lo que pasó allí se juzgó en la megacausa La Perla–La Ribera, el proceso más grande de la historia judicial de Córdoba que terminó en 2016 con 28 condenas a prisión perpetua, entre ellas la de Menéndez. Desde 2009, el edificio es un Espacio para la Memoria.
Pero los juicios dejaron la deuda pendiente sobre el destino de los cuerpos. Esa pregunta es la que hoy se contesta, hueso por hueso, por el trabajo en Loma del Torito. Graciela Geuna, impulsora de la querella que promueve la búsqueda en los terrenos del Tercer Cuerpo, suele sostener que una democracia no puede sostenerse sobre cuerpos sin sepultura. Entre los restos que todavía se buscan está el de su marido, Jorge Omar Cazorla, cuya medallita ya apareció entre la tierra removida.
Los ocho nombres de este viernes se suman a los que Loma del Torito ya había devuelto. En marzo, la primera tanda permitió identificar a Ramiro Sergio Bustillo Rubio, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Carlos Alberto D’Ambra Villares, Alejandro Jorge Monjeau López, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes de Paniconi, Eduardo Jorge Valverde Suárez y Sergio Julio Tissera Pizzi. En esa misma tanda aparecieron restos de una de las hermanas Carranza Gamberale, Adriana María o Cecilia María. Eran mellizas y la genética no puede distinguir a cuál de las dos pertenecen.
En mayo llegaron otros 17 cuando se dieron a conocer los nombres de Gilberto Néstor Lellin D’Francesco, Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Víctor Carlos Díaz Rinero, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Ester Silvia del Rosario Felipe, Luis Carlos Mónaco, Silvia del Valle Taborda, Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Gustavo Daniel Torres, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire.
En agosto se sumó Alejandro Jerez Bodereau. Entre ellos hay matrimonios que la dictadura se llevó juntos y que la tierra devolvió juntos, como los Goyochea y los Cruspeire. Son 38 historias que durante medio siglo fueron un expediente sin cuerpo.
Para que la búsqueda dé más nombres hace falta algo que no depende de los laboratorios, por lo que Vaca Narvaja convocó a quienes tengan un familiar desaparecido a dejar una muestra de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sin una referencia con la cual comparar, explicó, muchos de los restos ya recuperados no podrán ser identificados. A cincuenta años del golpe, ocho familias más tienen ahora un lugar en donde llorar a los suyos.