31 de julio 2007 - 00:00
Córdoba restituye 82% móvil a los jubilados
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La Corte intervendrá en la disputa entre el gobernador Claudio Vidal y la Justicia de Santa Cruz
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Reforma electoral: la derogación de las PASO dependerá de provincias que las usan en sus elecciones locales
Esta medida se da en consonancia con lo resuelto recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto lo
resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia que había avalado el decreto de Mestre, declarándolo inconstitucional.
Al respecto, el secretario de Información Pública, Marcelo Falo, indicó que la provincia «tiene las partidas presupuestarias necesarias (unos 12 millones de pesos)».
«Hoy podemos decir que el Decreto 1.777 ha sido derogado, y que todos los jubilados de la provincia tienen derecho a cobrar 82% móvil, y que la provincia tiene la posibilidad de pagar con sus propios recursos», agregó.
Los candidatos de la oposición aplaudieron la decisión del gobernador De la Sota, pero cuestionaron que lo haya hecho en medio de la campaña electoral. Recientemente, el candidato de la oficialista coalición Unión por Córdoba, Juan Schiaretti, dijo que analizaría una decisión en
tal sentido si era elegido gobernador el próximo 2 de setiembre.
Mario Negri, candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, señaló que el decreto de Mestre «debía ser derogado» luego de que la Corte Suprema de la Nación lo declarara inconstitucional, pero remarcó que De la Sota «lo está derogando dos meses antes de irse, lo estuvo esperando».
Desde el juecismo, Daniel Giacomino, candidato a intendente del Frente Cívico y Social, celebró la derogación del decreto, pero cuestionó la oportunidad de la decisión. «Me parece excelente que lo haya derogado, pero pienso que lo tendría que haber hecho mucho tiempo antes», aseguró.
«Era un compromiso de mi gestión devolver 82% móvil. Unos 60 mil jubilados ya lo están cobrando, pero quedan 31 mil que no lo estaban haciendo. Esto tiene un costo mensual de 12 millones de pesos», justificó De la Sota.
El decreto de Mestre, dispuesto en la emergencia de 1995, modificó la forma
de cálculo de los haberes de los jubilados provinciales, ya que indicaba que no debía aplicarse 82% sobre el salario bruto, sino sobre el neto, lo que terminaba significando un haber equivalente a 63% del salario en actividad.
Juicios
Aquella decisión provocó una catarata de juicios que
-cuando el tribunal cordobés convalidó la polémica norma- fueron hasta la Corte nacional.
La decisión del gobierno cordobés sienta un importante precedente para todo el país, especialmente para aquellas provincias que mantienen una puja con el gobierno central por la restitución de ese porcentaje a los jubilados transferidos a la Nación.
Por ejemplo, en Tucumán y en Catamarca los gobiernos locales reconocieron a los jubilados transferidos esa actualización y, a cambio, acordaron con Nación una devolución vía subsidio del monto global. Una decena de distritos transfirió en los últimos años sus cajas jubilatorias a la órbita nacional.




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