Mendoza - La Suprema Corte de Justicia mendocina ratificó la validez del endeudamiento por $ 420 millones concedido por la Legislatura al gobernador justicialista Celso Jaque. Se trata de un revés para la oposición legislativa (con la UCR a la cabeza), que había reclamado que se declare inconstitucional la ley.
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El fallo fue firmado por los jueces de la Sala Administrativa Jorge Nanclares, Fernando Romano y Mario Adaro, quien precisamente era ministro de Gobierno de Jaque cuando se trató la norma.
La sentencia se da a poco más de un mes de los comicios provinciales del 23 de octubre, en los cuales el oficialista Francisco Pérez intentará retener el poder frente al intento del radical Roberto Iglesias de volver a liderar el distrito cuyano.
Fue, en rigor, un cachetazo a la oposición local y al tradicional recurso de judicializar medidas de gobierno, sobre todo en tiempos electorales.
«La queja no tiene suficiente sustento jurídico; más bien traduce una reyerta partidista que entorpece el normal desarrollo de las instituciones, afectando el desenvolvimiento del Estado en una situación que los propios legisladores reconocieron como crítica más allá de las razones que pueden haberla provocado», remarcó el fallo, que fue argumentado por Nanclares.
La demanda ahora perdidosa fue rubricada por 21 legisladores de corte opositor, luego de que el permiso para endeudarse y hacer frente al déficit local fuera otorgado finalmente por todos los bloques, con picardía legislativa de parte del oficialismo.
El monto
La discusión por entonces -según lo reseñado por el diario Uno- se centró en el monto del endeudamiento. El justicialismo gobernante logró la aprobación para un endeudamiento por 420 millones de pesos, pese a que la UCR pretendía que esa cifra bajara a 300 millones de pesos.
La oposición llevó entonces la pelea a la Corte. Pero los jueces consideraron ahora que el pedido de inconstitucionalidad de una ley no es una vía atendible para cuando «el aspecto atacado de la norma se vincula con la oportunidad o conveniencia, que es cuestión ajena al control judicial que se encuentra limitado a la constitucionalidad y legalidad de los otros poderes del Estado». «De lo contrario, el llamado contrapoder ejercido por el Poder Judicial vulneraría la regla democrática que ha puesto en mano del Poder Ejecutivo y Legislativo la determinación de lo conveniente», sostuvieron.
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